“Que se vayan al diablo con sus instituciones”, así lo dijo López Obrador hace ya prácticamente 18 años cuando perdió la elección presidencial ante Felipe Calderón. Se tuvo que esperar 12 años para estar en posición de mandar al diablo a las instituciones que, paradójicamente, han permitido que tengamos alternancia partidista en nuestro país, tanto a nivel federal, estatal como municipal, y que permitieron también la creación del partido Morena que finalmente le dio el triunfo a López Obrador en el 2018; y que ahora en el 2024, ésas instituciones a las que se les quiere mandar al diablo, mantienen un relativo buen nivel de confianza en nuestros procesos electorales, en nuestro sistema judicial y en nuestro balance de poder; que considero son aspectos fundamentales para sostener una democracia.
Sin embargo, a pesar de todo ello, el presidente a menos de 6 meses de terminar su administración mandó una propuesta de Ley que incluye una serie de reformas que lejos de buscar consolidar la fortaleza en las instituciones, busca precisamente “mandarlas al diablo” gradualmente mientras el partido en el poder consolida su hegemonía como lo hizo el PRI en su momento.
Este paquete de iniciativas de reformas constitucionales y legales van desde cambios en las remuneraciones de las y los servidores públicos, hasta la propuesta de reforma del Poder Judicial, pasando por la sustitución del Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), la eliminación de los diputados y senadores plurinominales y de primera minoría, así como por la desaparición de los órganos autónomos, la reestructuración de la Guardia Nacional, del Sistema de Pensiones y la simplificación orgánica, entre otras cosas.
Creo que nadie tiene duda de que todas nuestras instituciones están lejos de ser perfectas y que en todas hay margen de mejora, particularmente en el Poder Judicial. Constantemente escuchamos que el poder judicial está rebasado por la cantidad de casos que recibe, por la falta de personal y por la ineficiencia de su estructura para procesarlos.
Pero considero que cualquier propuesta de mejora deberá ir en sentido opuesto a la reducción en el número de magistrados en la Suprema Corte de Justicia y de elegir por voto directo de la ciudadanía a nuestros jueces, magistradas(os) y ministras(os), como se busca en la iniciativa de reforma al Poder Judicial enviada a la Cámara de Diputados en febrero de este año por López Obrador.
Dado que no soy experto en el tema del Poder Judicial, platiqué con algunos colegas, con algunos amigos, me puse a leer algunos artículos y documentos que han hablado y escrito desde hace algunos días sobre esta propuesta, y me gustaría compartir lo siguiente. Entre otras cosas, se destacan los siguientes puntos que se incluyen en esta reforma al Poder Judicial: (1) número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia que se propone reducir de 11 a 9; (2) la duración de las y los ministros en su cargo se reduce de 15 a 12 años; y (3) Ministras(os) de la SCJ, magistradas(os) de circuito y juezas y jueces de distrito serán electos de manera directa por la ciudadanía.
Al parecer no queda muy claro por qué se desea reducir el número de ministras y ministros en la SCJ, si el objetivo es meramente económico y de una aparente eficiencia administrativa, creo que el resultado será contrario y perjudicial. Desconozco cuál pudiera ser la reducción potencial en el gasto de la SCJ, pero cualquier reducción de personal, lejos de mejorar la eficiencia administrativa la haría más ineficiente, creo yo; y adicionalmente la haría menos plural.
Por un lado, esta iniciativa de reforma argumenta que se busca que la ciudadanía pueda elegir directamente a las y los jueces, magistradas(os) y ministras(os) para incrementar la pluralidad y representatividad del pueblo; pero al reducir el número de ministras y ministros creo que sucedería lo contrario, pues entre menos personas se concentran y alinean las opiniones y aunque pudiera parecer un buen deseo, no siempre ese deberá ser el resultado adecuado. En la SCJ se necesita debate, opinión y reflexión para ir construyendo un andamiaje legal más sólido para nuestro país. De otra manera podría caer en la subordinación de un poder hegemónico como el presidencialismo mexicano, que ya hemos vivido.
Sobre el tema de la elección de juezas, jueces, magistradas(os) y ministras(os) creo que lejos de mejorar la labor técnica y especializada de quienes tienen esta gran responsabilidad de interpretar la Ley para dictar sentencias se convertiría en una labor meramente política con un gran ingrediente de interés electoral. Yo interpreto que un juez, o magistrada o ministra, no está en su cargo para responder al interés de las mayorías o para satisfacer los deseos de un grupo político; su principal labor es de ser el, o la experta en interpretar la Ley para cuidar y proteger la institucionalidad que emana de nuestras leyes y por ende de nuestra Constitución, y que rigen nuestra convivencia social y sobre la cual se sostiene nuestra democracia y nuestro sistema político.
Imagine estimada lectora por un momento a una persona que busca ser elegida como magistrada de circuito, ¿cuáles podrían ser las promesas de campaña? ¿mayores sentencias? ¿más amparos? Además, al alinear el proceso electoral del Poder Judicial con las elecciones federales ¿cómo evitaríamos la cargada de apoyo político partidista sobre un candidato a la Suprema Corte?
Es obvio que en el sistema actual tampoco se puede eliminar el riesgo de preferencia partidista o ideológico de quien propone a una nueva integrante de la SCJ, pero el hecho de que los nombramientos no suceden durante el mismo sexenio de un presidente permite que haya un balance precisamente en las posiciones ideológicas de quienes ocupan esa posición de responsabilidad en el Poder Judicial.
Yo considero que las personas que deban de ocupar dichos puestos de responsabilidad judicial sean personas con probado conocimiento y competencia técnica en la materia y, que nos sean individuos con perfiles políticos que busquen congraciarse con algún partido político; sino que su principal tarea sea la de cuidar nuestras leyes y no ganar un concurso de popularidad.
Un balance de poderes demanda un balance de perfiles. En el Poder Ejecutivo, quien ocupa la presidencia podrá ser un perfil político, pero dentro de su gabinete y hacia el interior de la administración pública federal deberá haber técnicos competentes para analizar, entender y atender los problemas de nuestra sociedad. Incluso dentro del Poder Legislativo, si bien la gran mayoría de las y los Diputados y Senadores tienen un perfil ampliamente político, deberá haber siempre perfiles menos políticos y un poco más técnicos que den riqueza a las discusiones legislativas para asegurar un balance de opiniones y un mayor campo de reflexión.
Finalmente, en el Poder Judicial creo que es el que debería tener un mayor número de profesionales expertas y expertos en materia legal concentradas en su responsabilidad técnica y no en el ciclo político ni electoral. Por lo tanto, creo que la elección directa de juezas, jueces, magistradas y magistrados, ministras y ministros de nuestro Poder Judicial no puede ser la estrategia adecuada para fortalecer nuestras instituciones.
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