El Congreso tiene en sus manos un dramático cambio en la forma que se administra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. La presidenta Sheinbaum quiere que sus mayorías legislen para hacerse del control total de ese organismo, el Infonavit.
Con esa reforma, el instituto llegaría a su 53 aniversario con una gobernanza totalmente distinta a la que le rigió medio siglo: las representaciones empresariales y de los trabajadores dejarían de tener similar ascendente que la representación gubernamental.
Ergo, el instituto que nació con gerencia troika pasaría a ser como un ministerio cualquiera, donde el Ejecutivo designa director y, cuando mucho, acepta tener consideraciones informativas o protocolarias con asociados. No sobra recordar que el Infonavit no vive del gobierno.
La pretensión gubernamental es criticada con una tesis que expresa llanamente que “este gobierno se quiere robar 2 billones de pesos de los trabajadores”. El eslogan es pegador, pero no reconoce falencias del Infonavit (créditos caros, pobre incidencia en el mercado, abusos).
Palacio Nacional ha contraatacado a la denuncia del presunto agandalle de tales fondos con una estrategia contundente. En las mañaneras exhiben el peculiar modo de dilapidar fondos sin rendir cuentas a nadie de las direcciones patronales y de los trabajadores.
Sheinbaum y el nuevo director del Infonavit. Octavio Romero, han desvelado desde dispendio en sueldos y compensaciones, hasta fraudes tan burdos como impunes.
De esa forma, la Presidenta y el exdirector de Pemex tratan de desmontar la eventual resistencia a que se toquen fondos que hoy, básicamente, engordan la panza del Infonavit. Es un recurso ya visto, uno del tipo: dicen que vamos a robar, pero vean quiénes sí roban. Por cierto, algunos directivos de ese periodo son hoy de Morena.
No se trata de una estrategia de mucha altura, y sobre todo no atiende a cuestionamientos legítimos ante un cambio en una de las instituciones que, precisamente, pudo sobrevivir a épocas de latrocinio.
La presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de hacer cambios en el Infonavit que den paso a un modelo virtuoso, tanto medido en decenas de miles de trabajadores con vivienda digna –que debería ser el objetivo principal–, como que ello sea resultado de su eficacia.
Al arrancar su gobierno, Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso de construir 500 mil viviendas desde el Infonavit, como una forma de hacer justicia a quienes se las ven negras para acceder a un techo propio, y como una manera de incentivar la generación de empleos.
Si México ha de ser potencia científica, como le gustaría a la Presidenta, quizá se podría empezar por no hacer cosas de espaldas a esas bonitas prácticas del peer review y darle tiempo al tiempo.
Si tan bueno es el plan del gobierno, que incluye que el Infonavit vuelva a ser una inmobiliaria, por qué la prisa por reformar ese organismo (de milagro no se cambió en 2024), por qué la cerrazón a que verdaderos expertos revisen y opinen, a escuchar a los constructores, a poner a revisión la iniciativa, sobre todo cuando ni Sheinbaum ni Romero tienen experiencia como vivienderos.
A menos de que lo que se busque es un nuevo programa asistencialista –dar materiales de construcción a diestra y siniestra, poner al vapor terrenos para detonar artificialmente un boom, generar una pantalla de ladrillos con créditos de los que no quedarán ni los cimientos–.
En ese caso, es fácil adivinar el futuro: el Congreso simulará mejoras al esquema de gerencia tripartita, cuando en la realidad será sólo la versión morena de “ahí van cuotas para nuestros cuates empresarios y dirigentes sindicales”. Repartir huesos para acallar ladridos.
Se pondría en riesgo la enorme oportunidad de generar vivienda digna mediante un organismo con una nueva gobernanza, más honesta y más eficiente.
Una reforma unilateral sería un despropósito, sobre todo porque la Presidenta se apellida Sheinbaum, es científica y tiene dos billones de pesos para hacer algo grande en beneficio de las y los trabajadores que necesitan vivienda digna.
