El sexenio de Claudia Sheinbaum estará marcado por la presidencia de Donald Trump. De acuerdo a la matemática de los periodos presidenciales en México y Estados Unidos, cada doce años ambos mandatarios coinciden en el año de elecciones, y, con diferencia de unos meses, también el inicio del mandato.
Ha ocurrido ahora. Por lo tanto, la presidenta mexicana estará obligada a hacer frente a los cuatro años del gobierno de Trump.
Algunos optimistas aseguran que Donald Trump, una vez instalado en la Casa Blanca, será un presidente moderado que no cumplirá sus promesas ni llevará a cabo sus amenazas. Estará –aseveran– limitado por las instituciones estadounidenses, por la ley, por la burocracia de Washington, por sus asesores y por el Pentágono. Lo más grave sería -a su juicio- algo similar a lo que hizo durante su primer gobierno.
Otros más alarmistas han especulado en torno a las futuras acciones de Trump considerando que el panorama es distinto: mayor legitimidad democrática en términos de votos, mayoría en el Congreso, una Corte conservadora, mayor conocimiento de los entresijos de la política y un ego doblemente exacerbado tras haber batido a dos grandes mujeres del Partido Demócrata.
Estos analistas auguran un panorama aciago marcado por la imposición de aranceles, la deportación de millones de indocumentados, el ultraje de la soberanía nacional mexicana y una serie de políticas dirigidas a socavar la independencia de México.
La realidad se encuentra, a mi juicio, entre ambos espectros. Si bien los pesimistas aciertan en su análisis del entorno, quizás son extremistas en su vaticinio sobre los aranceles. En esta materia, el contenido del T-MEC y los propios intereses de las empresas estadounidenses que operan en México se comportarían como un contrapeso a las pretensiones de Trump.
La deportación masiva de indocumentados y el endurecimiento de la política contra los cárteles de la droga tendrían mayor anclaje en la realidad.
Si bien el Departamento de Seguridad Interna y las autoridades fronterizas incrementarán el número de agentes, construirán albergues para detenidos y fortalecerán el sistema de seguimiento, se antoja muy difícil que el gobierno federal alcance a los indocumentados que residen en el interior de país, léase, en ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles, cuyos alcaldes protegerían, llegado el caso, a sus residentes.
En consecuencia, las deportaciones se verían limitadas, como fue durante el gobierno de Barack Obama, a los puestos fronterizos y contra los migrantes de reciente ingreso.
En relación con la lucha contra el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, la realidad rodea a la incertidumbre. El nombramiento de Pam Bondi como cabeza del Departamento de Justicia y sus declaraciones en la audiencia frente a las comisiones del Senado han dado buena materia para la especulación en torno a una probable intervención estadounidense sobre suelo mexicano.
En suma, Claudia Sheinbaum y su gobierno harán frente a un fenómeno desconocido que si bien podría hacer realidad las predicciones más nefastas, también podría traducirse en una ventana de oportunidad para fortalecer a la región norteamericana.
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