En las últimas 24 horas, la tensión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha alcanzado niveles sin precedentes, centrándose en la implementación de la elección judicial, la cual ya ha sido establecida como constitucional. La mandataria no ha dudado en señalar directamente a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, junto con otros ministros, acusándolos de intentar boicotear el proceso electoral para jueces, magistrados y ministros.
Sheinbaum, en su habitual conferencia matutina, ha criticado duramente a la Corte por lo que ella considera una serie de acciones destinadas a impedir que esta nueva modalidad de elección se lleve a cabo. Según la presidenta, la Corte ha estado aceptando amparos que afectan directamente a los aspirantes que desean inscribirse para la elección judicial programada para junio. Además, ha señalado la retención de fideicomisos del poder judicial y la solicitud de más recursos como tácticas dilatorias.
Por su parte, desde la SCJN se ha rechazado de plano cualquier acusación de sabotaje. Los ministros insisten en que su función es velar por la constitucionalidad y legalidad de los actos, incluso de aquellos que ya han sido aprobados por el Congreso de la Unión. La Corte argumenta que el análisis de amparos y controversias constitucionales forma parte intrínseca de su mandato para proteger el Estado de derecho.
Este enfrentamiento pone en evidencia una lucha por el control y la dirección de la justicia en México. La elección judicial promete una democratización del acceso a la judicatura, pero también despierta temores sobre la politización de la justicia. La crítica de Sheinbaum hacia la Corte no solo es un reflejo de su compromiso con la implementación de esta elección, sino también de una visión de la justicia que busca ser más representativa y accesible para el ciudadano común.
Sin embargo, la independencia judicial es un pilar de cualquier democracia sana. Los ministros de la Corte tienen la responsabilidad de asegurarse de que ninguna reforma o ley vulnere los principios constitucionales, lo cual incluye proteger la autonomía de la judicatura frente a influencias externas, incluso si estas provienen del poder ejecutivo.
Lo que hemos visto en las últimas 24 horas es más que un choque de poderes; es un debate sobre cómo debe funcionar el sistema judicial en México. La elección judicial ya es una realidad constitucional, pero su implementación se encuentra en un punto crítico. La resolución de este conflicto no solo afectará la carrera de jueces y magistrados, sino también la percepción pública sobre la justicia en nuestro país. Esta situación nos invita a reflexionar sobre el equilibrio necesario entre la voluntad popular y la protección de las instituciones que garantizan un estado de derecho sólido y justo.