La reforma al poder judicial, es una prioridad en la agenda legislativa de Morena y de todas y todos los que somos parte de la Cuarta Transformación. Este proceso comenzó a trabajarse al día siguiente de conocer los históricos resultados electorales del 2 de junio, la cual se encuentra encaminada para que sea aprobada en el mes de septiembre.
Es claro que esta reforma, tendrá un legítimo espació para consulta y discusión entre el pueblo de México, a través de foros, asambleas informativas, mesas redondas, etc., mismas que se desarrollaran de la mano de las cámaras federales y locales respectivamente. Nuestra pretensión en todo momento es la construcción de espacios en donde todas y todos expresen sus valoraciones respecto a la citada reforma, no solo con el objetivo de legitimar el proceso, sino a su vez de construir nuevos espacios de participación política popular, proceso que como se menciono se realizara de manera paralela al trámite legislativo.
La reforma fue parte de la plataforma electoral de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, así como de casi todas las candidatas y candidatos de Morena, fue presentada al pueblo de México como uno de los pilares de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el electorado votó de manera masiva por dicho proyecto, por lo que ahora es necesario cumplimentar dicho compromiso.
En esta lógica hemos comenzado a trabajar, ya se realizó el primer foro de consulta que se celebró este fin de semana en la sede del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en la que participaron entre otros personajes la ministra Lenia Batres o el diputado Hamlet Almaguer, donde se pudieron expresar todas las voces de los participantes, aun la de aquellos que no necesariamente están con nuestro movimiento, como la de un pequeño de grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes a pesar de que increparon sin muchos argumentos (ni legales, ni políticos), les fue permitido emitir su opinión, esta dinámica construye y abona, tan es así que los propios exponentes dijeron en distintas ocasiones: “la reforma pertenece al pueblo de México” y se escucharan a todos.
Otro aspecto de la ruta trazada es la de recoger la opinión de la gente a pie de casa, por lo que se realizaron tres diferentes encuestas en ese mismo sentido, dejando como resultados que alrededor del 80% de los encuestados se declaró en favor de la reforma. Es claro la reforma le pertenece al pueblo.
Lo cierto es que el poder judicial, aunque es el más regulado de los tres poderes de la unión y se encuentra investido de un sinfín de leyes y reglamentos que estipulan su estructura, organización y alcances en este universo jurisprudencial, tenemos que aceptar que actualmente se encuentra controlado por un sector derechizado y radical, el cual se encuentra enquistado en la propia Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, facción que atiende a intereses creados por encima de la justicia. Por lo que dicha reforma debe de trascender de ser un cúmulo de buenas intenciones plasmadas en leyes y códigos, a un sujeto regulador del cumplimiento de la Constitución y la ley atendiendo al bien supremo: la justicia, y todos aquellos que integran cualquier órgano jurisdiccional la deberán de tener como su máxima.
Estas concepciones no son nuevas, están presentes desde las discusiones del constituyente de 1917, en donde se contemplaba la creación y desarrollo de un Estado benefactor, que priorizara los intereses de la mayoría por la de las minorías; en donde se velará por los más desposeídos, por encima de intereses económicos, entiéndase: por el bien de todos primero los pobres.
Sin embargo, al ser la actividad judicial una actividad humana por naturaleza, esta es siempre perfectible, y aunque tiene sus propias inercias, burocratismo y malas prácticas de algunos de sus miembros, tenemos que reconocer que no es la generalidad, ya que estamos convencidos de que la mayoría de las y los trabajadores, de base, estructura y jurisprudenciales realizan una actividad loable.
Por lo tanto y ante este escenario, desde este espacio valoramos que urge una revisión integral. Los cambios estructurales del país y el reacomodo geopolítico demanda adecuarnos a una nueva realidad, por lo que aquellos que somos parte de la 4T cumpliremos con alegría el mandato que el pueblo nos dio en las últimas elecciones: una profunda reforma al poder judicial, misma que realizaremos de la mano del pueblo, escuchando todas las voces y construyendo espacios en donde todas y todos abonemos sin distinción alguna.
Juan E. Rubio Gualito, diputado local electo del Congreso de la Ciudad de México
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