La autoproclamada 4T es eso: un exitoso proyecto político que se autoproclamó, desde la campaña presidencial de AMLO, como un movimiento de enorme calado que se colocaría a la altura de las grandes transformaciones que ha conocido el país.
En una clara anticipación al juicio de la historia de México, el expresidente y sus fieles correligionarios abrazaron un discurso bien penetrante que ha hecho mella en millones de mexicanos. ¿Cuando se ha visto que un movimiento auto defina su trascendencia? Bien, pues en el régimen lopezobradorista.
El domingo pasado la presidenta Claudia Sheinbaum lo confirmó ante miles de asistentes. Con ese tono discursivo que evoca a muchos políticos latinoamericanos no precisamente afines a la democracia liberal, la jefa del Estado mexicano cantó alegremente las bendiciones traídas por su movimiento, sin dejar a un lado, como se había anticipado, sus loas a la columna vertebral de su gobierno: AMLO.
Los morenistas, en su afán de repetir eslóganes que resultan atractivos, no cejan en su empeño de hablar del “lado correcto de la historia”. “Estamos del lado correcto de la historia” espetan ufanos la presidenta, legisladores, ex priistas, propagandistas, voceros y simpatizantes.
¿Se puede estar del lado correcto de la historia ante la destrucción del poder judicial y frente a la mayor concentración del poder en la historia del México reciente? ¿O se puede estarlo con miras a cientos de pendientes por resolver como la precariedad educativa, las carencias en materia de salud o el crecimiento desmedido del crimen organizado?
Morena y el régimen son arrogantes, y lo son sobremanera. Lo son en el sentido de que se autoperciben consagrados por el apoyo de un pueblo que apenas les votó en una tercera parte ( si se considera el total del padrón electoral). Y lo son aun más cuando se erigen en juzgadores. ¿Pueden ellos determinar su propio juicio en la historia del país?
La presidenta Sheinbaum tiene ante sí enormes desafíos que difícilmente serán resueltos con discursos y fanfarria. Por el contrario, exigen toda la responsabilidad de Estado y la puesta en marcha de mecanismos basados en evidencias y en la realidad material.