Conocí a José Alfredo Ortega Reyes en 2020. Me buscó para suscribirse al servicio de reportes de Lantia Intelligence. Desde aquella primera conversación el general Ortega me causó una gran impresión: se trataba de un militar afable y experto que, como lo averiguaría más tarde, poseía una trayectoria profesional impecable y una sobresaliente formación académica que actualizaba continuamente. Meses después, en octubre de 2021, el general Ortega fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Michoacán. “Te sacaste la rifa del tigre”, le dije en tono de broma. “Me serán útiles tus reportes para armar el diagnóstico inicial del estado”, respondió con seriedad. Y justamente así procedió: con seriedad, con método y apegado a una visión estratégica, Ortega Reyes armó un efectivo plan de acción para Michoacán con tres vertientes.
En primer lugar, el general Ortega impulsó un aumento drástico de la presencia de la policía estatal o Guardia Civil (GC) en labores operativas de campo. En pocos meses, 2 mil 600 elementos de la GC ya patrullaban calles y carreteras a lo largo de la entidad. En segundo lugar, Ortega Reyes robusteció las corporaciones policiales en los municipios donde el crimen organizado estaba infiltrado hasta la médula. Ahí reforzó el estado de fuerza al agregar 20 elementos de la GC como mínimo en cada uno de estos municipios vulnerables, aunque en algunos casos tuvo que agregar muchos más. Eso le permitió a la policía estatal coordinarse adecuadamente con 80 por ciento de las agencias policiales municipales. Finalmente, Ortega Reyes construyó un sistema de “interoperabilidad estatal” para que los 45 municipios michoacanos que colindan con otras seis entidades contaran con capacidades mínimas de operación táctica. Ese cinturón limítrofe era tierra de nadie, y en varios de sus tramos existía una alta presencia delictiva.
A estas tres vertientes, el general Ortega añadió dos “ejes transversales”: primero, la cumplimentación de órdenes de aprehensión pendientes que, en conjunto, la SSP y la fiscalía estatal lograron para alrededor de 3 mil 500, de las cuales unas mil estaban relacionadas con homicidios. El segundo eje transversal consistió en crear, al interior de la SSP, una Subsecretaría de Investigación, en la cual recayeron funciones de investigación y recolección de inteligencia en campo. Esta subsecretaría fue la segunda de su clase en el país, después de la creada en la CDMX. Con la implementación de esta estrategia, entre 2021 y mayo de 2024 fue posible disminuir los homicidios en 36%, el robo a transportistas en 48% y el robo en el autotransporte público en 30%, entre otros destacados resultados.
Ahora bien, ¿cómo fue posible que, a pesar de estos excelentes resultados, el general Ortega Reyes renunciara el pasado viernes (21 de junio)?
A reserva de conversar con él próximamente, siempre me pareció que, como miembro de las Fuerzas Armadas, Ortega Reyes nunca ingresó al círculo de confianza del gobernador, y desde el arranque de su gestión tuvo que remar a contracorriente. El gobernador le impuso a su subsecretario de Operación, José Ortega Silva (un funcionario de perfil tradicional), y cinco de sus 13 coordinadores regionales tampoco fueron nombrados por él. En lugar de inconformarse, Ortega Reyes concentró sus esfuerzos en sus labores sustantivas. Y lo hizo con disciplina marcial: a las cinco de la mañana revisaba reportes informativos, para emprender enseguida larguísimos recorridos y jornadas de trabajo en diversas regiones. Uno de los rasgos singulares de Ortega Reyes es su convicción sobre la importancia de recorrer a pie las comunidades, a pesar de los riesgos. Así conoció de primera mano el sentir y las preocupaciones de la gente, con lo que se ganó su aprecio y respeto.
En la compleja trama de eventos que dio lugar a la renuncia del general Ortega no encontramos uno solo ligado a sus responsabilidades o actuación. Los reclamos de un grupo de policías (que después degeneraron en un conflicto mayor) se debió a yerros en sus pagos cometidos por la Secretaría de Finanzas (Bedolla dixit). La exacerbación del conflicto, por otra parte, fue consecuencia de las acciones de la diputada Margarita López, quien buscaba visibilidad pública con fines políticos. Finalmente, la retención fortuita de dos inspectores estadounidenses, y las consecuentes sanciones, fueron un efecto no deseado de las movilizaciones instigadas por la misma legisladora.
Para darle fin al conflicto, el gobernador convierte a su secretario de Seguridad en chivo expiatorio, y con ello aparta de su gabinete a un actor al que no le tenía plena confianza por su autonomía y, aunado a ello, por la información que poseía, no sólo del crimen sino también del desempeño de los integrantes de su equipo más cercano. Esto explica que el único mérito del nuevo secretario, Juan Carlos Oseguera (ex subsecretario de Gobernación del estado), sea su carácter de incondicional del gobernador, cuyo encargo central será que la SSP contribuya a alcanzar los objetivos políticos de su camarilla. Claramente la seguridad pública no será la prioridad de Oseguera, pues además se trata de una materia que no conoce siquiera de modo superficial.
Con la renuncia del general Ortega Reyes, entonces, Michoacán pasa a formar parte del amplio y vergonzoso contingente de estados en el país que carece de un mando profesional, experimentado y bien reputado en materia de seguridad. No nos demos entonces por sorprendidos con el probable desastre, o al menos estancamiento, que registrará Michoacán en materia de seguridad durante la segunda mitad del sexenio bedollista.
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