Así como hay áreas de la administración pública excluidas del desguace del Estado que proclama Javier Milei —como las de defensa y seguridad—, la motosierra del presidente se ensaña particularmente con otras áreas. Es el caso de los derechos humanos. Durante su primer año de mandato, el Gobierno ultraderechista desarticuló y vació las políticas de memoria y verdad dedicadas a esclarecer y reparar los crímenes de la última dictadura (1976-1983) y desmanteló la estructura institucional que colaboraba con las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los hijos de desaparecidos que fueron apropiados. El comienzo de su segundo año lo inauguró con el cierre sin plazos del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti; con la parálisis de sitios que conmemoran los crímenes del terrorismo de Estado; y con el anuncio de nuevos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos.
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