El 2025 inicia como terminó el 2024: con caos en el ámbito laboral. Diciembre cerró con más de 400 mil despidos registrados, una cifra que refleja no solo el impacto de decisiones legislativas erráticas, sino también la profunda ignorancia con la que se está manejando la política laboral en México. Evidencia la demagogia en la materia, la cantaleta perenne del régimen.
Celebro, como muchos, el aumento al salario mínimo. Es una medida necesaria, justa y largamente esperada. Pero este pequeño triunfo no debe hacernos olvidar los desastres legislativos que se han acumulado en el ámbito laboral. Uno de los más graves fue la reforma en materia de subcontratación, donde los legisladores confundieron deliberadamente la compra y venta de facturas con la tercerización laboral legítima. El resultado: se arrasó con un esquema que, bien regulado, era indispensable para la operación de miles de empresas. Sobre todo por la falta de flexibilidad dentro de nuestro marco normativo arcaico.
En el tema sindical, las reformas fueron aprobadas sin la más mínima comprensión de cómo funciona el sistema. La intención era acabar con los contratos colectivos de trabajo inactivos, esos que no ofrecen ningún beneficio real a los trabajadores. Pero el remedio fue peor que la enfermedad: esos contratos están proliferando de nuevo, gracias a una legislación que fue diseñada más por ánimos personales, como la relativa a la subcontratación, que por un análisis técnico o jurídico serio.
La reforma al Poder Judicial es otro ejemplo del desastre legislativo. Se intentó imponer un modelo desde el Congreso, ignorando las particularidades de las relaciones laborales y del sistema judicial mexicano. El tripartismo fue eliminado con la promesa de que los tribunales laborales funcionarían mejor, pero lo cierto es que con presupuesto suficiente, las Juntas de Conciliación y Arbitraje pudieron haberse fortalecido y modernizado. Ahora, enfrentamos un escenario en el que convergen reformas al procedimiento con reformas orgánicas, un coctel que, históricamente, solo ha generado caos.
La ineficiencia no termina ahí. Desde el Legislativo se están imponiendo cuestiones de prestaciones que, en un sistema bien diseñado, deberían negociarse de forma individual o colectiva. La improvisación y el desconocimiento han llevado a muchas empresas a optar por pagar de manera voluntaria primas de antigüedad o recursos adicionales a sus trabajadores. ¿La razón? Reducir los pasivos derivados de los 20 días por año y las vacaciones que se han ampliado.
En lugar de apostar por el aumento de las primas vacacionales, que inyectarían recursos a los trabajadores para necesidades reales, se optó por otorgar más días de descanso. En un país donde gran parte de la población vive al día, esto es un lujo que pocos pueden permitirse. Pero, nuevamente, la ignorancia prevaleció.
Y no olvidemos el cinismo: el gobierno federal, que se ha vendido como paladín de la justicia laboral, es el mayor subcontratista del país. Convenientemente, la reforma en materia de subcontratación no les aplica a ellos. La 4T, en lo laboral, ha sido un desastre. Terminan contratos y recontratan como si nada, evidenciando que el problema no era el esquema, sino su regulación.
Para cerrar el círculo del absurdo, en lugar de separar a los factureros de los subcontratistas legítimos, se metió a todos en el mismo saco. Pagaron justos por pecadores, y el impacto sigue siendo devastador para las empresas que operaban con legalidad.
Así comienza el 2025: con más caos, incertidumbre y una crisis laboral gestada desde la ineptitud, la ignorancia y la incompetencia. Los sellos de la casa.
