El mensaje de la presidenta es claro: no intercederá por nadie, ni siquiera si es del movimiento de la 4T. Sutil pero contundente: quien tenga responsabilidad, deberá de responder.
Increíble. Por 6 años, la Fiscalía erró en las investigaciones más importantes a su cargo.
En un país donde las instituciones muchas veces fallan o se pliegan ante el poder, el anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén y su conexión con el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, marca un raro momento de claridad.
Parece que hay voluntad política, al menos, para esclarecer la verdad. El 20 de octubre, la FGR desmintió oficialmente la versión ofrecida por la Fiscalía de Sinaloa, exponiendo un montaje que no solo encubre un asesinato, sino que además salpica a la élite política del estado.
La FGR reveló que las manchas de sangre encontradas en el rancho donde fue secuestrado Zambada corresponden a Héctor Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y acérrimo rival político del gobernador Rubén Rocha Moya. Según la investigación federal, Cuén fue asesinado el 25 de julio en ese mismo lugar, no en una gasolinera, como sostenía la Fiscalía de Sinaloa con un video convenientemente difundido en medios locales. Así, en un giro inesperado, la FGR desmanteló la narrativa que intentaba desvincular a Cuén del secuestro del capo sinaloense y exponer los hilos de un encubrimiento. Ni el video ni la agresiva estrategia mediática revestida de comunicados de prensa contrariados.
Pero, ¿quién tiene algo que ganar con este montaje? Las preguntas surgen de inmediato: ¿por qué el gobernador Rocha Moya se apresuró a difundir una versión falsa de los hechos? ¿Por qué se intentó hacer parecer que el asesinato de Cuén era un episodio aislado, mientras la sangre del político manchaba el mismo lugar en el que el líder del Cártel de Sinaloa fue secuestrado?
En campaña, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró confiar en la honestidad del gobernador. Como presidenta, permitir que una fiscalía autónoma haga su trabajo sin intervenir habla de su honestidad.
Seamos sinceros. Sinaloa es tierra de quienes mueven sus mafias. El encubrimiento no es un simple error, es una táctica. ¿Por qué proteger a “El Mayo” Zambada y por qué tanto enojo ante la traición (a la patria) que lo colocó en territorio enemigo para su detención? Se trata de proteger los intereses del poder, de salvar caras políticas y, quizás, de garantizar que los hechos nunca apunten en la dirección correcta. Rocha Moya, cuyo gobierno ha sido señalado por su falta de acción frente al crimen organizado, difundió un video que resultó ser una cortina de humo, un intento descarado de alejar la mirada de las verdaderas conexiones detrás del asesinato.
El hecho de que Zambada, ahora detenido, haya mencionado el asesinato de Cuén a través de su abogado, sólo confirma la magnitud del montaje. Este no es un caso común de impunidad en México; es uno donde las instituciones locales se han coludido para fabricar una versión que desvía la atención de la verdad. Es el pan nuestro de cada día que, por hoy, llegó enlamado y todo el mundo pudo notarlo. Y en medio de este juego, Cuén fue silenciado, convirtiéndose en otra víctima más de un sistema que protege a los poderosos.
Zambada, por su parte, enfrenta un destino incierto. Su extradición a Estados Unidos podría culminar en una sentencia de pena de muerte por sus crímenes. Mientras tanto, el escándalo que rodea el asesinato de Cuén y su vínculo con el capo nos deja con una amarga verdad: el narcotráfico sigue siendo el amo y señor en Sinaloa, y los políticos locales parecen dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener sus manos limpias, aunque sea a costa de la verdad.
¿Quién más estaba implicado? ¿Hasta dónde llega esta red de encubrimientos? Estas son las preguntas que la sociedad debe exigir que se respondan. La decisión de la FGR de exponer la verdad en este caso es un primer paso, pero no suficiente. Si México quiere romper las cadenas de impunidad que lo han mantenido atrapado durante décadas, será necesario algo más que un comunicado oficial. Se necesita acción, y sobre todo, se necesita que el gobernador Rubén Rocha Moya explique su papel en este vergonzoso montaje.
El tiempo dirá si esta revelación de la FGR es el inicio de un cambio real en la manera en que se administra la justicia en México, o si será otra más de las tantas historias que se hunden en el pantano de la corrupción y el olvido. Pero una cosa es clara: ya no se puede ignorar la verdad. La sangre derramada en ese rancho nos lo recuerda, y el encubrimiento está expuesto a la luz del día. Pero algo hay que destacar: los tiempos en que la FGR se hacía tonta parecen haber terminado. Al tiempo.
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