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A manera de respuesta, la presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum, ha trazado una estrategia para defender a capa y espada la reforma. En efecto, la resistencia del poder judicial pasó a ser, ni más ni menos, una intransigencia, y hasta en ocasiones un hecho burdo. Todos los recursos, como las suspensiones que han salido a la luz pública, no tienen ningún efecto jurídico o, mejor dicho, es una situación que resulta imposible de revertir. No hay poder humano, una vez promulgada y publicada la reforma, que pueda frenar los cambios constitucionales. Las modificaciones, privilegiándose por la naturaleza del poder reformador, seguirán adelante porque están dotadas de legalidad que, desde luego, otorgó el pueblo de México a través de sus representantes.

Siendo así, su componente esencial radica en la legalidad de las decisiones que tomó la mayoría. Es una muestra de pluralidad y democracia que se vivió en ambas cámaras legislativas hace unas semanas. Por consiguiente, jueces, magistrados y ministros tienen que acatar la determinación del poder constituyente. Entonces, cualquier recurso, mecanismos o instrumentos que pongan en marcha los grupos conservadores no tendrán efectos. No se trata de un desacato, sino de un respeto a la carta magna. Más que una lucha, las acciones que se operan desde el conservadurismo son, sin duda, una maniobra política para intentar polarizar al país. Así está dirigida la movilización de la derecha en conjunto con Norma Piña. De hecho, se hace evidente el sesgo para intentar frenar su validez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en palabras más simples, no tiene competencia jurídica para invalidar la reforma. El propio Arturo Zaldívar, exministro de la corte, ha explicado que el decreto no puede declararse inconstitucional. Para fortalecer esa concepción, Ricardo Monreal, doctor en derecho, y uno de los perfiles más experimentados de nuestro país en temas de esa índole, también subrayó que, para el caso, no existe nada que pueda frenar el poder reformador. Tiene, así lo dijo él, una base de legitimidad que delegó el pueblo de México a través del mandato popular. Dadas esas condiciones de apoyo, un paso importante, por así decirlo, será la defensa en pro de la constitución de nuestro territorio nacional. De ese modo, Morena, al igual que los principales referentes del movimiento de izquierda, han decidido defender, pero sobre todo informar a la ciudadanía de una forma organizada.

Con la participación institucional de la dirigencia nacional de Morena, se están estableciendo asambleas de información en algunas entidades. Suponemos que, a lo largo y ancho del país, estas concentraciones se darán en los próximos días. El mismo Ricardo Monreal, hace unos días, dijo que coordinará trabajos con Luisa María Alcalde. El fin, además de la activa participación de la militancia, será explicar a detalle cada uno de los componentes de la reforma al poder judicial. En pocas palabras, se conformará un frente muy nutrido de liderazgos, sin dejar de lado el contexto esencial del paquete de reformas que, sabemos, se están analizando en ambas cámaras legislativas.

Y un tema que ha ido acaparando tanto la atención, se convierte en una prioridad para la sociedad, especialmente aquella que, por su afinidad, está ligada a las causas de la izquierda en México. Cabe decirlo, aunque de distintas trincheras, que la reforma al poder judicial está siendo defendida a capa y espada por la presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum. De igual forma, los precursores del movimiento, con esa capacidad de organización, saldrán a ras de tierra a recorrer los distritos y, con ello, defender el interés colectivo que, en definitiva, es el fortalecimiento de la democracia y la división de poderes. Morena, a diferencia de otros partidos, hace valer el punto de vista de la ciudadanía; es decir, la toma en cuenta para favorecer la política pública. Gracias a ello, el lopezobradorismo, por segunda vez consecutiva, gobernará el territorio nacional con una enorme legitimidad ganada en las urnas.

Los espacios públicos, que servirán como testigos, serán la coyuntura perfecta para reunir a las estructuras del partido de Morena. Es, en palabras más sencillas, la organización para la defensa de la soberanía y la democracia. La única forma para que esto suceda, evidentemente, es poner en práctica los distintos canales de comunicación. Qué bueno que Claudia Sheinbaum promueva la participación desde la tribuna de la mañanera, máxime cuando la oposición y los grupos conservadores buscan a toda costa desvirtuar la legalidad del poder constituyente. Por eso, habrá una creciente respuesta de la ciudadanía para defender la autonomía del legislativo, como único órgano competente para modificar nuestra carta magna, especialmente cuando se manifestó en mayoría calificada para cumplir con las formalidades.

La Suprema Corte de Justicia, de manera unilateral, busca subyugar la división de poderes a su antojo, como las suspensiones que emitieron algunos jueces que, hay que decirlo así, son una intransigencia. Y como no tendrán ningún efecto, tarde que temprano tendrán que acatar las determinaciones que decidió el pueblo de México, al igual que los legisladores. Ahí radica la soberanía. Seamos honestos, lo que hace Norma Piña, son intentos desesperados de saber que, de un momento a otro, se les acabarán los privilegios y las excentricidades, pues hemos decidido, una inmensa mayoría de la población, defender el poder constituyente.

Notas finales

Y ya que hablamos de la participación social de la ciudadanía, nos llamó mucho la atención la nueva estrategia que ha puesto en marcha el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Resulta que, a lo largo y ancho del territorio Purépecha, el mandatario pondrá en práctica una serie de audiencias públicas para recolectar la demanda ciudadana. Eso, con el olfato que le caracteriza a Bedolla, servirá de base de apoyo para encontrar soluciones para continuar mejorando la calidad de vida. Con esa disposición, queda claro, la entidad seguirá figurando entre las más productivas del país, pues Alfredo, en términos de evaluación, se ubica en el ranking de los gobernadores con mayor nivel de aprobación en México.

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