Comentaba la semana pasada en este espacio, los reveladores contrastes entre dos estrategias de seguridad difundidas públicamente. Una “extraoficial” que conocimos por la presunta filtración no autorizada de este documento el pasado 20 de septiembre, y otra estrategia “oficial”, similar a la anterior en algunos puntos, pero con reveladoras modificaciones, dada a conocer algunos días después, el pasado 8 de octubre.
Recapitulo brevemente: en la estrategia oficial se puntualizan cuatro “ejes” de la estrategia, entre los cuales figuran las principales vertientes de la estrategia de seguridad lopezobradorista (“atención a las causas” y “consolidación de la Guardia Nacional”), a las cuales se les agregan dos ejes propiamente sheimbaumpardistas: “fortalecimiento de la inteligencia e investigación” y “coordinación absoluta en el gabinete de seguridad y con las entidades federativas”.
Cuando en la estrategia oficial se detallan cada uno de estos cuatro ejes, se omite indicar algunas de las acciones que, según la versión extraoficial, se implementarán para garantizar esa “coordinación absoluta”: definición de metas y seguimiento de acuerdos tomados en el seno del gabinete de seguridad. También desaparece en la estrategia oficial la propuesta de que el gabinete de seguridad nacional apruebe las propuestas de perfiles de los gobernadores para ocupar la titularidad de las secretarías estatales de Seguridad.
Lo anterior ya lo había dicho la semana pasada. Sin embargo, no me quedó espacio para mencionar otros objetivos y acciones estratégicas de gran relevancia que incluía la estrategia extraoficial pero que desaparecieron en la estrategia oficial. ¿Cuáles eran? 1) Disminuir la incidencia delictiva en los 10 municipios con más homicidios (ubicados en cinco estados de atención prioritaria: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco); 2) atender la seguridad en Chiapas; 3) atender la extorsión de la que son víctimas los limoneros en Michoacán; 4) atender las carreteras y vías generales de comunicación con mayor incidencia delictiva; 5) establecer 10 fuerzas de tarea, conformadas por las instituciones de seguridad, cuyas actividades coordinadas deben derivar en judicialización de objetivos, y 6) incrementar las extradiciones de los objetivos prioritarios.
¿Por qué el gobierno federal decidió en último momento rasurar los objetivos y acciones estratégicas clave contenidas en su nueva estrategia de seguridad, y optó por presentar una estrategia de seguridad basada en generalidades y sin compromisos específicos?
Me parece que esta decisión obedeció a dos factores que no estuvieron previamente en la mesa de los estrategas y los asesores técnicos de la seguridad, pero que han irrumpido súbitamente y se han convertido en dos grandes imponderables cuyo impacto hoy es imposible de estimar: la reforma judicial y la guerra criminal desatada por el secuestro de Ismael el Mayo Zambada.
En primer lugar, la reforma judicial está generando desde ahora un problema mayúsculo de inestabilidad al interior de estas instituciones, que ya está afectando negativamente su desempeño y funcionamiento. Esto terminará por impactar también el desempeño de las instituciones de procuración de justicia, centrales en la nueva estrategia de seguridad. De modo que la implementación de la nueva estrategia de seguridad, tal y como se había concebido inicialmente, experimentará cambios en los siguientes meses. No sabemos todavía de qué escala serán tales cambios forzados. Y si a esto agregamos el problema, que seguramente se presentará en próximo año, de intervención del crimen organizado en las primeras elecciones de jueces, especialmente en algunas regiones del país, el escenario se vuelve aún más complejo.
En segundo lugar, tenemos ahora la creciente amenaza que representa el conflicto al interior del Cártel de Sinaloa, propiciado por el secuestro del Mayo Zambada. Este conflicto aún se encuentra en su fase inicial y ya está causando grandes estragos en municipios de varios estados del noroeste del país. Ahora bien, según datos difundidos durante estos días en redes sociales, filtrados probablemente por agencias de inteligencia foráneas, la coalición criminal encabezada por la familia Guzmán está en proceso de forjar una alianza con Cartel Jalisco Nueva Generación para enfrentar a la familia Zambada. En caso de que esta alianza efectivamente se concrete, el conflicto criminal ya no sería regional, sino que se extenderá a la mayoría de los estados del país, lo que incrementará significativamente la tasa nacional de homicidio. Ante este escenario es una incógnita cómo responderán las Fuerzas Armadas del país. La Guardia Nacional no está preparada para participar en un conflicto de estas dimensiones, menos aún las corporaciones policiales municipales y la gran mayoría de las estatales.
Ante la configuración de estos grandes ‘hoyos negros’, el gobierno federal está actuando con cautela y, probablemente, se inclinará por tomar algunas acciones preventivas y esperará algunos meses antes de iniciar la implementación de acciones originalmente previstas. Ante los nuevos imponderables, ese escenario, que hace apenas unas pocas semanas parecía altamente prometedor para implementar una ambiciosa y eficaz estrategia de seguridad, parece diluirse. Lo que antes veíamos como una coyuntura de oportunidad ahora parece, con las nuevas circunstancias, un horizonte que empieza a anunciar una especie de tormenta perfecta.
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