Desde hace semanas escribimos sobre la posibilidad de una crisis constitucional. Hoy estamos en ella, las evidencias lo denotan, y de la manera en que se enfrente y resuelva dependerá el futuro de la impartición de justicia, el ejercicio de nuestros derechos y de nuestra democracia.
Pasamos de los dichos e hipótesis a las consecuencias que impactan la vida pública. De un cúmulo de sentencias que ordenaron frenar la aprobación y ejecución de la reforma al Poder Judicial, pasamos a que una jueza federal ordenara a la presidenta de la República y al director del Diario Oficial de la Federación retirarla de esa publicación, dando para ello 24 horas en virtud de que ya había dispuesto lo anterior sin que se haya acatado su disposición y apercibe, es decir, advierte que de no cumplirse su orden, el caso se turnará al Ministerio Público.
Frente a todo eso, llama la atención la reacción de la presidenta Sheinbaum, quien descalifica a la juez y amenaza con denunciar su caso a la Judicatura Federal en lugar de seguir el procedimiento legal previsto de impugnarlo ante la siguiente instancia.
Quien tiene tan alta responsabilidad debe ser ejemplo de respeto a las normas frente a la sociedad, de lo contrario, a la vuelta de poco tiempo no habrá razones, a no ser por la fuerza, de que se respeten sus propias disposiciones.
¿Dará continuidad al dicho de su antecesor de que “no me vengan con que la ley es la ley”? Es como darse un balazo en el pie, o bien el anuncio de que lo que viene es la imposición sin ninguna consideración al marco legal, al equilibrio de poderes y a quienes pensamos diferente, que por cierto somos mayoría, ya sea activa (por votar en contra) o pasiva (por abstenerse).
Años de construcción de instituciones para evitar la arbitrariedad del Ejecutivo. Años de propiciar la carrera profesional de los servidores públicos para evitar la improvisación sexenal en la integración de equipos de trabajo que obedecen a la lógica de camarillas antes que a la profesionalización, a la experiencia y a la evaluación de trayectorias.
Ahora retrocedemos décadas y se materializa el predominio de la lealtad antes que las cualidades para enfrentar los complejos y delicados problemas de nuestra sociedad.
La semana pasada escribimos sobre el avance de la concentración del poder a nivel federal a costa de diluir o desaparecer los contrapesos. Se trata de un modelo para el ejercicio de la función pública que permea y se está imponiendo en otras instituciones, como en el caso del INE.
La reforma a la ley electoral es un buen ejemplo de la anterior, faculta a la consejera presidenta para nombrar directamente a funcionarios de primer nivel, a excepción de la Secretaría Ejecutiva, sin consideración del Consejo General, reduce facultades de este último órgano para concentrarlas en la Junta General Ejecutiva integrada por la presidenta y los funcionarios designados por ella.
Con ello, se pasa de una institución con una intensa vida colegiada y de operación horizontal a otra que se caracterizará por la unidireccionalidad de sus decisiones. Las consecuencias de todo lo anterior se dejan ver de inmediato, la consejera presidenta del INE declaró que “pausa” (lo que eso signifique… si se “pausan” relaciones con otros países…) las actividades para la organización de las elecciones de juzgadores del Poder Judicial en espera de una resolución jurisdiccional frente a las sentencias de distintos jueces federales que le han ordenado interrumpirlas.
El INE, a través de su Secretaría Ejecutiva, se inconforma contra las medidas cautelares concedidas por la justicia federal, ¡SÍ controvierte! Y por medio de un juicio electoral acude al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva. El juicio promovido por el INE está desde el pasado 4 de octubre en la Sala Superior esperando sentencia, mientras tanto, la organización de la elección más compleja que le ha tocado enfrentar al INE espera.
La reforma que da a la presidenta del Consejo General del INE facultades para nombrar directamente a funcionarios termina por debilitar al propio Instituto, ya que resta legitimidad a sus decisiones, cuya fortaleza reside justamente en la capacidad de llegar a acuerdos y además dialogando con sus sujetos regulados (los partidos políticos) y con los representantes del Poder Legislativo que emite las leyes que regulan su operación y ante la sociedad en sesiones públicas.
Hay un cierto correlato entre la debilidad institucional de una sociedad y su capacidad para resolver estructuralmente sus problemas, su madurez política, su apego a las normas de aplicación general e incluso con su desigualdad y la posibilidad de oportunidades para sus miembros.
El debilitamiento de las instituciones sigue al menos cuatro derroteros: disminuir sus facultades; restarle capacidad para cumplir con sus responsabilidades (la vía presupuestal es una de las llaves para ello); cooptarlas incorporando funcionarios que no atienden a la naturaleza de sus funciones y a la lealtad que eso supone; y sobrecargarla hasta el límite de su incompetencia, poniendo en duda su eficacia y credibilidad.
El INE está viviendo todo ello y puede encontrar en la elección de juzgadores federales su Waterloo.
Posdata
Si la elección de jueces federales está rodeada de incertidumbre jurídica y complejidad organizativa, la organización de alrededor de cinco mil juzgadores a nivel estatal será un galimatías de pronóstico reservado, así el respeto por la justicia.
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