El pasado mes de septiembre, el Congreso Mexicano aprobó la controvertida reforma judicial. La reforma generó preocupaciones sobre sus implicaciones para la certeza jurídica y el panorama de inversión, tanto para las empresas mexicanas como extranjeras. Esta reforma es de gran relevancia porque introduce cambios radicales en el sistema judicial, lo que podría redefinir las condiciones para hacer negocios en México.
Para las empresas, contar con un sistema judicial eficiente y confiable es esencial, ya que reduce la incertidumbre y los costos asociados con litigios prolongados o fallos impredecibles que pongan en riesgo sus inversiones. De cara a la inminente implementación de la reforma en 2025, resulta oportuno analizar el estatus del Estado de derecho en México, así como las percepciones de las empresas que operan en el país, en temas relacionados con la seguridad, la corrupción, el marco regulatorio y el Estado de derecho.
Un referente internacional que nos permite medir el respeto a los principios del Estado de derecho es el Índice Global de Estado de Derecho (Rule of Law Index), desarrollado por el World Justice Project (WJP). Este índice examina a más de 120 países y utiliza ocho factores clave, incluyendo corrupción, orden y seguridad, cumplimiento de las leyes, justicia civil y justicia penal. La metodología emplea encuestas a ciudadanos y expertos, ofreciendo una evaluación confiable del Estado de derecho a nivel mundial.
En México, los resultados del Rule of Law Index, entre 2015 y 2023, muestran grandes desafíos, sobre todo en temas de seguridad y corrupción. Durante estos años, el desempeño del país ha sido bajo en comparación con otros de América Latina, úbicandose entre los últimos 5 del ranking regional. En 2023, México se ubicó en el puesto 116 de 142 países, con las calificaciones más bajas en temas de orden y seguridad, así como de justicia penal, debido a la violencia e impunidad persistentes.
Para dimensionar el impacto de la inseguridad pública en las empresas en México, podemos comparar las tasas promedio de delitos que enfrentan tanto los ciudadanos como las empresas. Los datos del INEGI indican que, durante 2022, la tasa de incidencia delictiva para los ciudadanos fue de 2,421 delitos por cada 10,000 habitantes. En contraste, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del INEGI (ENVE, 2022), la tasa de incidencia delictiva en las empresas alcanzó los 6,034 delitos por cada 10,000 empresas.
Esto significa que la incidencia delictiva en las empresas fue casi 2.5 veces superior a la de los ciudadanos. De acuerdo con la ENVE, los tres delitos más frecuentes que afectan a las empresas son: extorsión, robos o asaltos, y actos de corrupción. Ante estos altos niveles de criminalidad, es indispensable que las empresas cuenten con un sistema judicial eficiente e imparcial que garantice seguridad jurídica a sus inversiones y a sus operaciones en México.
Para evaluar la percepción de las empresas sobre la inseguridad, la corrupción y la administración de justicia en México, analizamos los datos de la Encuesta Mundial sobre el Clima de Negocios (WBES, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial. La encuesta WBES se realiza periodicamente empleando una muestra representativa de empresas privadas de cada país. Al comparar los resultados de la WBES, aplicada en México en 2010, con los obtenidos en 2023, descubrimos hallazgos interesantes.
Primero, la percepción de que la criminalidad, los robos y el desorden obstaculizan seriamente las operaciones diarias de las empresas en México ha aumentado drásticamente. Según la WBES, en 2010 solo el 23.6% de las empresas veía estos problemas como graves o muy graves, mientras que para 2023 esa cifra subió al 76.4%. Además, esta percepción tiende a aumentar con el tamaño de la empresa, alcanzando el 89% entre las grandes compañías (con más de 100 empleados). Este hallazgo es consistente con los resultados de la ENVE, que señala que las grandes empresas presentan una tasa de prevalencia delictiva 186% superior al promedio de las empresas.
Segundo, la percepción de que la corrupción obstaculiza gravemente las operaciones de las empresas también ha aumentado significativamente. Mientras en 2010 solo el 49% de las empresas veía estos problemas como graves o muy graves, para 2023 esa cifra alcanzó el 79%. Nuevamente, la percepción de corrupción empeora con el tamaño de la empresa, alcanzando el 90% entre las grandes empresas.
Sin embargo, no todo son malas noticias. El tercer hallazgo resalta que ha habido una mejora en la confianza en los tribunales mexicanos. Según la WBES 2023, el 87% de las empresas creen que los tribunales de justicia en México operan con imparcialidad e independencia al resolver disputas comerciales. El 8% reportó tener mucha confianza en su desempeño y solo el 5% expresó desconfianza hacia los tribunales.
De manera similar, en años recientes, ha disminuido considerablemente la percepción de las cortes de justicia como un impedimento para el funcionamiento empresarial. En 2010, el 33% de las empresas veía a las cortes como un obstáculo significativo para sus operaciones; sin embargo, en 2023, esta cifra se redujo al 19%.
En resumen, antes de la Reforma judicial, las empresas en México confiaban en los tribunales y observaban una mejora en su desempeño. Esto ocurría a pesar del incremento en la criminalidad y de la creciente percepción de corrupción.
En este contexto, las preguntas relevantes para las empresas son: ¿Garantizará la Reforma una mayor seguridad jurídica? ¿Se preservará la imparcialidad de los tribunales frente a los casos de corrupción? ¿Qué cambios implicará para la protección de las inversiones?
El autor es economista y Doctor en Ciencias Administrativas por EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como investigador posdoctoral en el Grupo de Investigación en Diseño y Cultura Organizacional y como Profesor de Cátedra en el Tecnológico de Monterrey.
Contacto: e.delcastillo@tec.mx
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