Acertada decisión que trabajadores de plataformas digitales cuenten con seguridad social​

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó hace unos días la iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, con la que se propone brindar derechos a nivel nacional a 658 mil trabajadores de plataformas digitales, para que estas mujeres y hombres cuenten con seguridad social siendo derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El proyecto enviado por la jefa del ejecutivo federal a la Cámara de Diputados para que los repartidores de las distintas aplicaciones digitales cuenten con seguridad social es un paso muy importante que está dando el segundo piso del gobierno de la Cuarta Transformación para disminuir la informalidad que es un mal que aqueja a la economía del país y es una herencia perversa del neoliberalismo.

La reforma propone hacer cambios a la Ley Federal de Trabajo y regular las plataformas digitales y choferes repartidores donde se establezca la creación de un régimen transitorio para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implemente un plan piloto de carácter obligatorio para las empresas.

En la conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 16 de octubre se mencionó que “el objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán dos horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo, algunos otros trabajaran ocho horas al día, algunos trabajaran hasta más, todo eso tiene que ser regulado ¿para qué? para que todos aquellas personas que realizan está labor cuenten con un sistema de protección social”.

Actualmente los repartidores de plataformas digitales en México enfrentan condiciones laborales precarias, que incluyen:

Bajos salarios
Falta de seguridad social
Riesgos laborales
Inseguridad laboral
Poco control sobre el tiempo y la cantidad de trabajo
Discriminación

En promedio, los repartidores de plataformas trabajan jornadas largas y extenuantes, de 60 horas para los hombres y 55.8 horas para las mujeres. Además, el estrés constante por el tráfico y el temor a sufrir un accidente se acentúa entre los trabajadores que no cuentan con seguro médico.

La precariedad laboral que sufren los repartidores de plataformas está directamente asociada a un deterioro de la salud mental y a un mayor riesgo de sufrir accidentes. Los trabajadores que sufren estrés prolongado pueden desarrollar graves problemas de salud física, como enfermedades cardiovasculares o trastornos musculoesqueléticos.

La iniciativa presentada por la mandataria mexicana para que las y los trabajadores de plataformas digitales se incorporen a la formalidad laboral es una propuesta de justicia social y una forma de disminuir la informalidad que tanto daño le hace a millones de trabajadores del país.

Buscar alternativas para disminuir la economía informal deberá ser una prioridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al segundo trimestre del 2024 se suman 32.2 millones de trabajadores que se encuentran en cualquiera de las modalidades de la informalidad y, por tanto, son personas con una alta vulnerabilidad laboral. En términos relativos, esto implica que en la informalidad se emplean 6 de cada 10 trabajadores (54.3%).

A pesar de que el número de personas ocupadas en la economía informal entre abril a junio de este año tuvo una caída de 103 mil personas respecto al mismo lapso del 2023 este fenómeno representa un riesgo para el bienestar y la seguridad de los mexicanos y una gran carga para el gobierno que tiene que atender sus necesidades sobre todo de salud de estas personas ocupadas en la informalidad, que no son derechohabientes de ningún sistema de seguridad social, que no sea el IMSS Bienestar, el cual no tiene otra forma de financiamiento que no sean los recursos públicos.

La informalidad y la precariedad laboral no surgieron en México con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí es responsabilidad de la actual administración, el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum para encontrar unas políticas públicas para que este flagelo se revierta.

A pesar de que en la informalidad se concentra el mayor número de trabajadores de la Población Económica Activa (PEA), este sector tan solo contribuyó con el 23% del Producto Interno Bruto (PIB) de México del 2020.

En cualquiera de las modalidades donde se desenvuelva este grupo poblacional, son personas con una alta vulnerabilidad laboral. Los trabajadores que están en la economía informal no cuentan con las herramientas para tener una productividad adecuada, por lo tanto, tienen que someterse a largas jornadas para poder producir lo suficiente; esta dinámica laboral provoca una alta improductividad.

Una economía que depende de su sector informal para que un gran número de personas pueda contar con ingresos para subsistir y evitar un estallido social, es una economía fracturada estructuralmente que requiere no sólo de medidas contra cíclicas emergentes, sino profundas reformas fiscales y hacendarías, con criterios de progresividad que permitan una mejor redistribución del ingreso, pero que también eviten la tendencia a la excesiva concentración en unas cuantas manos.

Llama la atención que hay un grupo de trabajadores de aplicaciones digitales que contra toda lógica económica no están de acuerdo con la iniciativa presenta por la jefa del ejecutivo federal para que estos empleados tengan protección social, alegando que esto les restaría flexibilidad laboral y reduciría sus ingresos.

Por lo visto este grupo inconforme no ha comprendido la iniciativa, que en verdad los favorece mucho.

La iniciativa de la presidenta Sheinbaum es loable para empezar a disminuir la informalidad en el gremio de los trabajadores de aplicaciones digitales, y esta se debería de llevar a otros sectores de la economía e ir bajando a las personas que laboran sin seguridad social y en condiciones precarias.

Los habitantes de las principales ciudades del país somos testigos de las malas condiciones laborales y lo peligroso de su trabajo de las personas dedicadas al reparto de diferentes productos en especial de alimentos y bebidas por aplicaciones digitales, por lo que es importante que este grupo cuente con seguridad social.

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