La reforma energética propuesta por AMLO, y apoyada por Claudia Sheinbaum, busca devolver al Estado el control sobre los recursos energéticos y recuperar con ello la soberanía energética. Esta reforma, según explicó la propia presidenta desde su mañanera, tiene como objetivo corregir los desequilibrios generados por las reformas priistas que abrieron preponderantemente el sector a la inversión privada.
Al establecer que Pemex y CFE serán empresas públicas, se busca garantizar el bienestar social por encima de los intereses del mercado. Esto es, la misión de estas empresas no será la rentabilidad, sino el bienestar al servicio del país, en especial a las zonas marginadas, donde la cobertura de energía nunca debe depender del mercado.
Con la reforma de 2013, CFE funcionaba como empresa productiva del Estado, priorizando su rentabilidad en términos del mercado, lo cual dejó de lado la misión social que ahora se pretende retomar. Esta visión de empresa pública puede o no gustarnos; no obstante, el propósito social es, en sí mismo, meritorio, ¿pero, a qué costo? La actual reforma busca que la CFE actúe como motor de desarrollo, reduciendo la dependencia de la inversión privada, sin excluir su participación, lo que representa un equilibrio delicado entre inversión y soberanía.
Por lo que hace al reparto del 54% de generación eléctrica para la CFE y 46% para el sector privado, la división es endeble y requiere tener un fundamento puntual y claro sobre sus reglas de aplicación para dar certidumbre a inversionistas del sector. En lo particular, el reto es encontrar un balance donde el control estatal no obstaculice el desarrollo de energías limpias, sino que lo promueva.
Al respecto, es importante recalcar que la presidenta Sheinbaum buscó eliminar de la reforma obradorista el párrafo que preveía la rectoría del Estado en la transición energética. Esto ha generado preocupación entre ambientalistas y expertos, quienes consideran que una transición energética efectiva requiere un mandato constitucional claro.
A raíz de esta alarma, Sheinbaum aclaró que dicha eliminación abona a la certidumbre, pues la reforma inicial generaba confusión para determinar si el Estado tenía la rectoría solamente en la planeación de la transición o también en la producción de todas las fuentes renovables de energía, por lo que su regulación se dejó en manos de leyes secundarias.
No puede pasar desapercibido que el país enfrenta importantes retos en la transición hacia energías renovables. Aunque la reforma menciona las energías limpias, su enfoque principal está en fortalecer el control estatal sobre los recursos tradicionales. México no puede rezagarse en su compromiso con la descarbonización global; sin embargo, la reforma no especifica cómo alcanzará estos objetivos. Se requiere claridad sobre cómo el Estado impulsará la generación de energía renovable, y cómo se equilibrará la participación privada, que ha invertido en proyectos solares y eólicos cruciales. También será indispensable ver proyectos estatales para la extracción de litio como elemento fundamental del tema.
No cabe duda de que, en materia energética, el liderazgo de Claudia Sheinbaum puede marcar la diferencia. Su experiencia en temas ambientales y sostenibilidad le permite dirigir políticas que impulsen la descarbonización del sistema energético. Su compromiso con el desarrollo sostenible será clave para guiar a México hacia un futuro energético más limpio y justo.
La reforma energética presenta una oportunidad para fortalecer el control estatal sobre recursos clave. El reto para Sheinbaum será equilibrar, desde las leyes secundarias, el fortalecimiento de la CFE con la urgencia de una transición energética sustentable. Bajo su liderazgo, el punto de encuentro para todo México será armar un sistema que combine soberanía, justicia social y respeto por el medio ambiente.
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