El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acordó que los tribunales del país deben regresar a trabajar, después de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) acordó regresar a laborar este 16 de octubre.
Esta decisión del CJF llegó luego de que los trabajadores del Poder Judicial se negaron a levantar el paro este miércoles, y mantuvieron las protestas en diferentes sedes judiciales.
Ante este impedimento, los titulares de los juzgados y tribunales del Palacio Legislativo de San Lázaro, Las Flores, Revolución y Prisma, los cuales se localizan en la Ciudad de México, emitieron un acuerdo para declarar días inhábiles hasta este viernes 18 de octubre.
El viernes pasado, por 684 votos contra 572, los jueces y magistrados federales votaron por reiniciar sus actividades este miércoles.
Después de esta decisión de la Jufed, el CJF determinó que no existe sustento legal para que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) continúen en paro de labores.
A su vez, un grupo de trabajadores que se manifestó a las afueras del CJF pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelva todos los asuntos relacionados con la reforma judicial antes del 31 de noviembre, fecha en la que concluye su periodo el ministro Luis María Aguilar Morales.
“(Queremos pedir a la Corte que) ejerza su facultad originaria para concentrar los amparos indirectos promovidos contra la reforma y (que) ejerza su facultad de resolución prioritaria respecto de estos asuntos contra la reforma, no puede perderse el tiempo ante la embestida que todos los días hace el oficialismo”, sostuvo Carlos Ávila, secretario de juzgado.
Por otro lado, la Jufed condenó las agresiones que policías de la Ciudad de México, así como agentes vestidos de civil, llevaron a cabo en contra de trabajadores del Poder Judicial.
A través de un comunicado, la organización recriminó que se haya reprimido a empleados y juzgadores que acudieron este martes a manifestarse de forma pacífica a Palacio Nacional, donde se llevó a cabo una reunión con líderes empresariales.
“Estas agresiones y amenazas no hacen más que revelar el talante autoritario del gobierno que instruyó a tal cuerpo de seguridad y personal vestido de civil a amenazar con ejercer violencia directa y específica contra personas trabajadoras y juzgadoras”, acusó.
La Jufed agregó que “intentar inhibir el derecho a la libre manifestación con amenazas directas de violentar a mujeres, personas adultas mayores, trabajadoras y juzgadoras es un acto violatorio de la Constitución que motiva una enérgica condena”.
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