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Todo parece indicar que durante este sexenio (2024-2030) no se ingresará una iniciativa, por parte de la titular del poder ejecutivo federal hacia el legislativo, para modificar el texto constitucional, específicamente en el Artículo tercero donde se establece el derecho a la educación y los principios que lo sustentan.

A diferencia de los dos mandatarios anteriores, (Peña Nieto, 2012-2018 y López Obrador, 2018-2024), la actual administración federal no ha mostrado señales ni interés en generar cambios en la redacción de la carta magna que provoquen una transformación profunda en este ámbito. Éste será, quizá, un segundo piso de la transformación sin reforma educativa.

Recordemos que Enrique Peña Nieto, como titular del ejecutivo federal, anunció la reforma estructural a la educación (“reforma” entendida como conjunto de cambios al texto constitucional, como base y punto de partida), el mismo día de su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2012, ello como parte del paquete de reformas estructurales impulsadas por su gobierno en el marco del llamado “Pacto por México”, firmado por las dirigencias del PRI, PAN y PRD.

En su oportunidad, Andrés Manuel López Obrador, como presidente constitucional, envió una iniciativa de reforma al texto constitucional (al mismo artículo 3º.), a escasos días de su toma de posesión, el 12 de diciembre de 2018 para ser exactos, durante un anuncio verificado en una conferencia mañanera.

Han pasado más de 15 días desde que la doctora Sheinbaum tomó posesión y aún no se ha anunciado una intención reformista de la educación de naturaleza constitucional y con el mismo patrón de sus antecesores.

¿Hay algún problema si no se promueven cambios al artículo 3º constitucional desde Palacio Nacional durante este sexenio? No, ninguno. Al contrario qué bueno que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum sea congruente con la línea política que anunció durante su campaña en el sentido de llevar a cabo “continuidad con cambio”. Además, si algún sector de las élites políticas, empresariales, eclesiásticas o sindicales o de los poderes fácticos tuviera una iniciativa de reforma educativa de alcance constitucional, ésa seguramente se cuestionaría puesto que las iniciativas reformistas de la educación están en franca crisis de legitimidad, representatividad y credibilidad.

“¿Para qué y por qué impulsar una reforma constitucional en materia educativa cada seis años? ¿Acaso no se requieren políticas públicas educativas de Estado y no de gobierno, de tal manera que los cambios o las transformaciones educativas que demanda la sociedad sean más duraderos y de largo plazo?” Eso es justamente lo que se preguntarían los críticos de la “discontinuidad educativa”.

Considero que si la nueva administración federal se propusiera emprender una nueva reforma educativa, habría serios cuestionamientos desde diferentes tribunas y posiciones no sólo ideológicas y políticas, sino también desde las miradas académicas y técnico-científicas vinculadas con el fenómeno educativo o que trabajan en el sector educación. ¿Para qué un nuevo paquete de reformas? ¿Por qué no se deja durante más tiempo a que trascurran las experiencias y prácticas docentes y directivas que están sugeridas tras el sello (de pronto ambiguo y desconcertante) de la llamada Nueva Escuela Mexicana?

Si pensamos, con un poco más de profundidad analítica, en los aspectos críticos de una reforma, que debe abarcar aspectos pedagógicos y educativos más específicos, con efectos transformadores en la escuela, que es la base del sistema, esto en términos de concebir también un paquete de reformas o cambios curriculares tanto para la educación básica como media superior en México, entonces dejemos que transite, con sus tiempos y movimientos, el actual dispositivo curricular recién estrenado entre 2022 y 2023.

Como parte de todas estas reflexiones, algunos se preguntan: si el partido Morena y aliados políticos tienen la mayoría calificada en el legislativo federal y en la mayoría de los congresos estatal como para llevar a cabo cambios al artículo 3º. constitucional ¿Por qué no hacerlo?

La tentación política y del poder público es grande. Efectivamente, se podrían producir algunos cambios, debido a que las modificaciones al texto constitucional no siempre son perfectas, ni están a tono de las necesidades o demandas sociales. En el caso que se reunieran ciertos consensos entre los liderazgos de las élites gobernantes, como para generar esos cambios constitucionales, primero había que considerar un periodo de discusión pública, a través de foros o espacios de diálogo públicos, en los que participaran todos los sectores representativos de la sociedad e interesados en la educación.

¿Qué modificar en el texto constitucional vigente, el cual fue reformado en 2019?

A reserva de llevar estas ideas a una conversación pública más amplia y diversa, propongo que se revisen conceptos como “Excelencia” y “Calidad”, así como la noción de “máximo logro de aprendizaje o aprendizajes”, y el anacrónico y gerencialista concepto de “mejora continua de la educación”, entre otros conceptos, los cuales aparecen en la redacción actual del artículo constitucional en cuestión.

El único par de cambios que se vislumbran por parte del gobierno del segundo piso de la 4T, a nivel de leyes secundarias del sector educativo, son: la inminente desaparición o recreación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que establece el marco legal de la unidad de triste historia (me refiero a la USICAMM); y la eventual desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (conocida como “MejorEdu”), heredera del cascarón que quedó del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (el extinto INEE).

Así, la llamada y autoproclamada “Cuarta Transformación” de la vida pública del país habrá de plantearse, en todo caso, cuáles son los caminos futuros por los que transitará el progresismo en materia de educación pública, ahora sí, sin concesiones, es decir, no como aquellas que se hicieron en 2019 cuando el partido Morena, hoy a la cabeza nuevamente del gobierno federal, tuvo que ceder ante la oposición (PRI, PAN, PRD y MC), debido a que no le alcanzaban los números (de mayoría calificada) para llevar a cabo por sí solo la reforma constitucional de ese año.

Todo ello lo digo sin perder de vista que la mayoría del pueblo mexicano votó por la continuidad con cambio en las elecciones constitucionales del pasado 2 de junio. Ello significaría no tocar, de fondo, los cambios constitucionales producidos en 2019. Por lo tanto, la presidenta respetará la decisión mayoritaria de la ciudadanía en el sentido de dar continuidad, no retroceso, a las políticas públicas educativas iniciadas por el entonces presidente López Obrador desde 2018 hasta la fecha, lo cual es lógico, congruente y previsible.

Hay que estar atentos, sin embargo, a los anuncios que se den en cualquier momento en esta importante “parcela” de disputa y tensiones que es la educación pública en México.

X: @jcma23 | Correo: jcmqro3@yahoo.com

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