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El imprudente “provoca tempestades, el paciente las calma”.

Proverbio bíblico

Marco de referencia

Ante el dilema de optar por el ajuste fiscal o por detonar el crecimiento económico, Claudia Sheinbaum, segura de sí misma – como lo es – ha declarado que su estrategia no excluye lo uno de lo otro. ¿Se podrá romper el paradigma y optar por las dos cosas?

La política fiscal es responsabilidad del Ejecutivo Federal, aun cuando la Cámara de Diputados apruebe año con año el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y los niveles de endeudamiento del sector público. Se podría argumentar que la propuesta del ejecutivo podría no tener límites, al no existir un efectivo contrapeso político en la cámara baja. Esto hace más trascendente la prudencia que debe tener la presidenta de la república, quien ha insistido que es importante contar con un mayor equilibrio fiscal, sin que se merme el efecto multiplicador del gasto en la economía.

Conviene definir qué es la política fiscal, poniendo especial énfasis sobre sus efectos en la vida económica de un país. Desde luego, tiene que ver con la forma en que un gobierno gestiona sus ingresos y gastos; empero, de lo que se trata no es de llegar a un simple equilibrio. En realidad, lo que se pretende es influir en la economía de un país en el largo plazo.

Muchos economistas se quedan con la idea de que la política fiscal sirve sólo para detonar el crecimiento económico, craso error, también juega un papel trascendente en la estabilidad macroeconómica. Lo mismo pasa con la política monetaria, en donde la definición de quien la aplica, el Banco de México, alude básicamente al valor de nuestra moneda o a la estabilidad monetaria, cuando la tasa de interés de referencia tiene efectos en el crecimiento económico e impacta a las finanzas públicas. Tanto la política fiscal como la monetaria tendrían que alinearse para alcanzar un crecimiento sustentable, lo que significa ampliar año con año el PIB con una tasa de inflación aceptable, cuyo rango objetivo en México se ha determinado entre 3 y 4%.

El párrafo de un libro en ciernes de mi amigo Alberto Pérez Schoelly, me hizo recordar una columna que escribí en la pandemia de 2020. Keynes articuló a la política económica (más la fiscal) al desenvolvimiento económico, caracterizado por ciclos. Es decir, la evolución económica no es plana ni lineal, sino que se mueve en forma cicloidal, suscitándose los siguientes eventos durante un intervalo de tiempo: hay un máximo (auge), se desciende (recesión), se llega a un mínimo (depresión); después se asciende hasta alcanzar un nuevo máximo y así sucesivamente.

La ondas del ciclo distan mucho de ser simétricas. El mundo económico no asume la perfección de un punto (el PIB) que se mueve dentro de una ruleta cicloidal. Platón estaría muy decepcionado de los ciclos económicos. Más de los que se presentan en los países emergentes o pobres, en donde las cimas son cada vez más difíciles de escalar y los declives ocurren repentinamente, llevando a precipicios más profundos.

Crisis, crítica y criterio tienen la misma raíz griega (kri o krei). Todo lo que se rompe o se separa debe analizarse para tomar las mejores decisiones, no sobre la base de acertijos oraculares, sino de predicciones sustentadas en la experiencia, el conocimiento y el análisis. A partir del impacto positivo que tiene tanto la política fiscal como la monetaria en las fases recesivas o en una plena depresión, en 1929 se descubrió el mecanismo para superar el temor masivo que lleva a una parálisis en las inversiones y al desempleo. Cierto, se podía asumir una actitud resignada y dejar que el mercado, por sí mismo, resolviera las imperfecciones económicas, al fin y al cabo, tarde o temprano, habría una fase de recuperación.

Antes se decía que “no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo social que lo resista”, ahora diría que no se necesita de mucho tiempo, que las depresiones son tan profundas y cada vez más contaminadas con altas tasas de inflación, que lo que se pone en riesgo es la viabilidad de los regímenes políticos. Argentina podría ser un claro ejemplo de ello, ojalá y no.

Volviendo al logos y reconociendo que cada vez los ciclos son más imperfectos y cortos, la interrogante es: ¿se podría tener una onda larga de expansión económica? No me estoy refiriendo a la onda concebida por el economista ruso Nikolai Kondrátiev, de 40 o 60 años, sino a una fase de 10 o 15 años, en donde se conjuguen tasas sostenidas de crecimiento económico con bajas tasas de inflación. Eso es justamente lo que creo se debe intentar.

Hacia una política fiscal sustentable

Con este marco de referencia, debemos regresar a la interrogante planteada originalmente en esta columna: ¿se puede recortar el déficit fiscal y crecer al mismo tiempo? Gerardo Esquivel considera que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum deberá enfrentar en el corto plazo una consolidación fiscal. Esto implica reducir el déficit fiscal en el inicio de la administración, lo que podría llevar a una recesión económica. Detecta que los requerimientos financieros del sector público (RFSP) han crecido de manera significativa, por lo que se prevé que en 2024 llegarán a 5.9% del PIB, esto es, 3.2 puntos porcentuales más que lo observado en 2020 (2.7%). En cifras absolutas esto significaría reducir el déficit fiscal en alrededor de 870 mil millones de pesos.

Algunos más pesimistas que Esquivel indican que más que en vías, ya estamos ante un escenario de insolvencia del Estado, viendo un panorama sombrío para este y los próximos años.

Debe destacarse que los RFSP miden los requerimientos financieros para alcanzar los objetivos de las políticas públicas. Entre mayores sean los RFSP menor será la posibilidad de emprender estrategias expansivas; lo que conlleva a la necesidad de reducir el déficit fiscal a partir de tres vías: la reducción del gasto, la ampliación de los ingresos propios o con la combinación de ambas medidas. De no hacerse la corrección fiscal, sólo quedaría el camino del endeudamiento, que de ser recurrente llevaría a un padecimiento crítico: al ampliarse las amortizaciones de las deudas contraídas, los RFSP aumentarían, lo que harían más drásticos los ajustes ficales con el paso del tiempo. Disculpen que insista, Argentina es un claro ejemplo.

Es importante alcanzar un balance primario superavitario, es decir, que los gastos no excedan a los ingresos propios que provienen, principalmente, de los impuestos a los contribuyentes. Los RFSP disminuyen si se logran despresurizar las causas que dan origen al desequilibrio fiscal ¿Esto sería todo? Desde luego que no, debe tomarse en cuenta que todo ajuste fiscal trae consigo un costo social; lo que conlleva a encontrar las mejores fórmulas para dañar lo menos posible a los segmentos sociales, más si son mayoritarios.

Es cierto que se tiene que reducir el déficit fiscal, pero además los países – sobre todos los pobres y emergentes – están atrapados en una perversidad. La teoría riesgo país concluye que los efectos negativos del déficit fiscal disminuyen la capacidad de pago de los gobiernos al mismo tiempo que los obliga a recurrir a más deudas, hasta acercarse al impago. Esto que resulta lógico se convierte en una especie de big bang cuando unas empresas financieras trasnacionales, llamadas “calificadoras”, disminuyen la calificación o la perspectiva de riesgo soberano de un país. Los gobiernos de los países pobres o emergentes temen eso, una vez que las calificadoras degradan el nivel de riesgo, se hace todavía más escaso y caro el acceso al financiamiento internacional; da inicio una fuga de capitales por el temor especulativo; se deprecia el tipo de cambio y se elevan las tasas de interés. Esto en medio de una inflación galopante que reproduce el círculo vicioso una y otra vez.

Las apreciaciones de las calificadoras se sustentan en la ortodoxia económica. Me pregunto qué calificación debería tener un país que aun cuando registra 5.9% de los RFSP con respecto al PIB, mantiene una tendencia distinta a la esperada: tasa de inflación descendente; tipo de cambio que fluctúa en un rango razonable, con lapsos de apreciación; tasa de interés susceptible de recortarse ante un contexto inflacionario favorable; que cuenta con reservas internacionales históricas (226 mil millones de dólares); que tiene la capacidad de emitir bonos a largo plazo a bajo costo; además de contar con un cociente deuda pública a PIB menor a 50%, siendo un referente a nivel internacional. La economía mexicana tiene fundamentos sólidos, eso es lo que no quieren ver los acérrimos opositores, que también se pliegan a la ortodoxia económica.

El gobierno mexicano ha adoptado la decisión prudente de reducir el déficit público hasta llevar al cociente RFSP a PIB a 3.5%. No propone una reforma fiscal, que en la práctica significa elevar las tasas impositivas o crear más impuestos, sino hacer un ajuste al gasto público en forma cualitativa. De entrada, pone el ejemplo: no implementar una reforma fiscal, hasta en tanto no demostrar la racionalidad en el manejo de las finanzas públicas.

El equilibrio fiscal tendría poco sentido si su logro es transitorio. Lo que propone Sheinbaum (seguramente Ramírez de la O tiene mucho que ver) es alcanzar la sustentabilidad fiscal, para lo cual se busca una recomposición, reduciendo el gasto improductivo y manteniendo el que se destina a impulsar las capacidades productivas de las empresas y el consumo de las familias; de tal forma que se generen en forma ascendente ingresos y se amplíen los mercados y los nichos de inversión para tener un impacto directo en la economía.

El efecto multiplicador de la inversión, así, se vincula a la estrategia de mejores salarios; lo que en conjunto propicia que la masa de contribuyentes se amplíe. He ahí la importancia de los programas ambiciosos de infraestructura ferroviaria y de construcción de viviendas que ha anunciado la presidenta de la república.

Muchos consideran que es imposible reducir el ratio de los RFSP a PIB, de 5.9 a 3.5%, de un año al otro. El PEF 2025 se conocerá hasta noviembre, sin embargo, los Pre-criterios de Política Económica preveían una disminución de 662 mil millones en el gasto programable pagado, casi todo gasto corriente, sin que exista disminución en el gasto social y en el de inversión. El documento también estima una reducción de 34 mil millones de pesos en el costo financiero. Sobre esta cifra tengo dudas, la tasa CETES a 28 días se estima que disminuirá en el transcurso de 2025 en 2.5 puntos porcentuales, hasta situarse en 7% al finalizar 2025. Debe señalarse que por cada 100 puntos base, la SHCP ha estimado un ahorro en el costo financiero de 30 mil millones de pesos. El ahorro podría duplicarse, claro, ello dependerá de la rapidez con el que se ajuste la tasa de interés en 250 puntos base (2.5 puntos porcentuales).

Por el lado de los ingresos presupuestarios, los pre-criterios estimaban un incremento de 445 mil millones. No quiero hacer referencia a los petroleros sujetos a los precios del mercado, sí, a los tributarios en donde se estima un incremento de 360 mil millones de pesos. Sin reforma fiscal, es importante hacer eficiente la cobranza y evitar la evasión fiscal o que se incumpla con las obligaciones de pago. Poco se dice, pero la reforma promovida por el presidente López Obrador de prohibir las condonaciones de pago en los impuestos ha sido la más progresiva en términos fiscales.

La reforma al artículo 28 constitucional rompió con la idea anquilosada de que era importante condonar impuestos a los empresarios, sobre todo, a los grandes empresarios, como una forma de incentivar la inversión. Este privilegio que se mantuvo durante tanto tiempo no hizo a México un país próspero, sólo acendró la desigualdad, mantuvo un mecanismo de ganancias fáciles y limitó la capacidad fiscal del Estado. En el colmo, la magnitud de las condonaciones se fue ampliando mediante la presión empresarial, haciendo surgir regímenes especiales, como el de la consolidación fiscal de empresas de una misma firma o dueño. Ahora las cosas han cambiado, los estímulos fiscales, en su caso, sólo se podrían justificar si fuesen palpables los compromisos de inversión, tal como lo propuso López Obrador para impulsar la localización de empresas en los parques industriales del Corredor Interoceánico.

No hay que quitar el dedo del renglón, el señor Salinas Pliego debe pagar los 35 mil millones de pesos que le debe al fisco; no hacerlo sería incumplir con un ordenamiento constitucional, que cundiría en el mal ejemplo.

No se deber creer, tampoco, que el incremento o la creación de impuestos genera ingresos suficientes para mantener durante un buen tiempo el equilibrio fiscal. Diverso estudios han demostrado que las reformas o misceláneas fiscales instrumentadas desde 1979 han servido para resolver temporalmente las escasez de recursos, para luego caer en un estancamiento. Las estrategias impositivas han descansado en el incremento a los gravámenes en el consumo (IVA e IEPS) o sobre los ingresos (ISR), ello en medio de una sociedad que se fue empobreciendo hasta 2018. Además, como antes se expuso, la carga fiscal estaba desnivelada: altas cargas para las mayorías (trabajadores asalariados y clases medias) y bajas cargas para las élites privilegiadas.

Dada la estructura impositiva, que aún prevalece, se podría pensar en crear impuestos al patrimonio o a la riqueza. Sin embargo, se debe ser cuidadoso, esto es, se requiere de sondear, monitorear y alcanzar el consenso requerido entre los segmentos afectados. De no hacerlo así, sobre todo, en el corto plazo, los costos podrían ser mayores a los beneficios.

Es difícil precisar si la meta de ajuste fiscal se alcanzará el próximo año o si se requerirá de un mayor plazo, pero el planteamiento es correcto. El máximo objetivo debe ser alcanzar la sustentabilidad fiscal soportada sobre una asignación cualitativa del gasto público, mejoras continuas en la tasa y la masa salariales y la evolución positiva de los indicadores o variables macroeconómicas básicas. La SHCP ha hecho su análisis marginal y con cada punto de mejora (hacia la alza o baja, según sea el caso) en la tasa real de crecimiento del PIB, en la de inflación y en la de interés se suscitan importantes incrementos o ahorros en la recaudación tributaria, aun cuando, fiscalmente, en el caso del tipo de cambio lo que más conviene es su estabilidad, más que su apreciación.

El futuro del país requiere, sí, de un proyecto, pero también de contar con un juicio sensato, práctico e innovador, que esté pendiente de los equilibrios macroeconómicos. Lo que he visto en estos primeros quince días me genera confianza. No sé a ustedes.

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