La AP-9 no es solo una nuclear autopista. Es la vena que articula y vertebra Galicia, permite la movilidad diaria de la mayoría de sus ciudadanos, enlaza sus cinco grandes ciudades, sus tres aeropuertos y sus cinco puertos estatales, y es también el comodín de un enorme malestar transversal de cualquier conversación en ese territorio, mucho más allá de lo ideológico o partidista. El Congreso de los Diputados ratificó este miércoles, con una gran mayoría, una moción del diputado del BNG para proceder al rescate de esa infraestructura de una empresa privada a manos públicas en línea con lo que aprobó el Parlamento gallego por unanimidad el 25 de septiembre y con lo que llevan reclamando la mayoría de los partidos, menos Vox, hace ya muchos años. No todos ni desde siempre. El Gobierno no se niega, pero es prudente. Lo fue este miércoles el ministro, Óscar Puente, que solicitó discreción y se abrió a buscar soluciones. El debate sirvió para corroborar, de nuevo, que la decisión es tan cara y compleja como para que PSOE y PP, en Galicia y en Madrid, hayan incumplido sus promesas, compromisos y calendarios para acabar con los peajes más caros de España hace décadas. En la misma sesión, el ministro fue reprobado a instancias del PP en una moción sobre “las múltiples incidencias y problemas ocurridos durante los últimos meses en la red ferroviaria española”.
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