La sentencia que ha condenado al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, del PP, a 10 años y 5 meses de cárcel por amañar un concurso público y cobrar mordidas de los adjudicatarios se argumenta tanto en pruebas testificales como documentales. Las primeras estuvieron protagonizadas por los testimonios de varios implicados en la trama del caso Erial y se centraron, sobre todo, en las declaraciones de quien fue mano derecha de Zaplana, Juan Francisco García, el amigo de la infancia del dirigente del PP, Joaquín Barceló, y los empresarios Vicente y José Cotino, del grupo Sedesa y sobrinos del ya fallecido director general de la Policía, Juan Cotino. El primero confesó haber participado en el amaño del concurso de las ITV valencianas; el segundo, que hizo de testaferro del exministro; y los terceros, que pagaron por la adjudicación de aquel contrato que les reportó unos beneficios millonarios. Sus declaraciones, según dicta el fallo del tribunal de la Audiencia Provincial de Valencia, “son coherentes, coincidentes entre sí y gozan de verosimilitud”.
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