En sus tres primeras semanas de gobierno, Claudia Sheinbaum y sus mayorías en el Congreso de la Unión revirtieron la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Transformaron a Pemex y a la CFE de ‘Empresas Productivas del Estado’ a ‘Empresas Estratégicas del Estado’. El cambio no es únicamente semántico; significa que la nación recupera el control de este importante sector para el desarrollo del país.
Respecto a esta reforma, conviene poner sobre la mesa varios aspectos. Estos cambios se inscriben en una tendencia mundial en la cual el Estado recupera el control del sector energético, como ocurre en Francia, Alemania, Estados Unidos e, inclusive, España. Los reclamos sociales por los altos costos de la energía eléctrica, tanto en verano como en invierno, han puesto en el centro de la discusión la pertinencia de que el Estado intervenga para garantizar el interés común. Es decir, el paradigma de la generación privada de energía ha demostrado ser ineficiente.
En 2018, en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, era evidente que la reforma energética había fracasado. No había filas de inversionistas deseosos de traer sus capitales a México, ni se había avanzado sustancialmente en la transición energética, mientras que Pemex y la CFE estaban fragmentadas y con graves problemas financieros. Esto no solo lo decía López Obrador o la propia Claudia Sheinbaum; así se podía leer en los propios informes de la Secretaría de Energía y en documentos del gobierno.
La privatización del sector energético solo benefició a un grupo de empresarios mexicanos que evitaban pagar su consumo real de energía, haciendo fraude a la ley. También benefició a un puñado de empresarios españoles que fueron los únicos verdaderos ganadores de esta reforma estructural peñista.
No es casual que el expresidente Peña haya optado por un autoexilio dorado en España. Tampoco lo es que, en 2022, después de que la reforma eléctrica de López Obrador fuera rechazada por la oposición, en la sede de Iberdrola en México se descorcharan varias botellas de champán y que algunos diputados de oposición viajaran con todos los gastos pagados por la Costa Brava, paseados por quintas y ganaderías de toros bravos en Andalucía.
La reforma de Claudia Sheinbaum permite la inversión privada en el sector eléctrico, regula el mercado y establece una ruta clara para la transición energética. Las inversiones privadas en el sector energético continuarán, pero con piso parejo para todos los competidores. Se acabarán los fraudes a la ley y se utilizarán de manera racional los recursos hídricos del país.
La reforma eléctrica de Claudia Sheinbaum debe ser un paso importante en la transición energética. Desde hace años, la ONU reconoce que el acceso al agua potable es un derecho humano. El acceso a la energía eléctrica es una condición para el ejercicio efectivo de otros derechos, como el acceso al agua, a la educación, a la alimentación e, incluso, a la salud. De Pemex merece un texto aparte. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
X: @onelortiz
