Estamos a unas horas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avale el triunfo del emecista Pablo Lemus como gobernador constitucional de Jalisco, y con ello quedará dirimida la controversia que promovieron la candidata de Morena y aliados, al sentirse Claudia Delgadillo despojada de un supuesto triunfo electoral que en realidad nunca existió.
Movimiento Ciudadano ha retenido la gubernatura del tercer estado en relevancia económica, educativa y salud, entre otros rubros, a nivel nacional, lo que representa la consolidación de ese partido político, por lo menos en ánimo de los jaliscienses, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, particularmente para Pablo Lemus, porque recibe una entidad con serios problemas en materia de seguridad pública, sustentabilidad, agua, transporte y en temas como la corrupción que ha acompañado al gobernador Enrique Alfaro y varios de sus colaboradores más cercanos, quienes a través de prestanombres han tejido una red de complicidades para ganar las licitaciones públicas y adjudicaciones directas más relevantes del gobierno estatal.
Una cosa es que sean compañeros de partido político y otra muy diferente es que Pablo Lemus acepte ratificar en sus cargos a servidores públicos que se han despachado con la cuchara grande con los recursos públicos, al otorgar jugosos contratos derivados de licitaciones públicas a modo en donde simulan competir entre diferentes empresas y que, al final del día, tienen los mismos dueños.
Podríamos decir que la Contraloría Interna del estado tiene documentadas esas trapacerías; sin embargo, hacen como que la Virgen les habla, para pasar por alto delitos que, incluso, son del orden penal.
Al cuarto para las doce, es decir, en estos momentos a 20 días de que se termine el mandato de Alfaro, se publican por paquete licitaciones públicas que, en estricto sentido, ya le corresponderían emitirlas al nuevo gobierno, empero, como quieren “gastarse o agenciarse” los remanentes del presupuesto de este año y comprometer los del sexenio que viene, “porque los que vienen son muy rateros”, pues decidieron meterle mano a la gestión de Pablo Lemus.
Hablemos del caso del secretario de Transporte y Movilidad de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, quien a través de interpósitas personas y de prestanombres como es el caso de Rigoberto Jiménez, propietario formal y virtual de Sistema Bea y de Idear Electrónica S.A. de C.V., quiere llevarse todo el paquete completo de los sistemas digitales del transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara y otros municipios.
En lo que va del año, y en particular en los últimos tres meses, se han lanzado licitaciones públicas y procesos de adjudicación directa al por mayor en esta dependencia y otras del gobierno de Enrique Alfaro, como de la Secretaría de Educación y la Secretaría General de Gobierno, entre otras, en donde les entró el acelere por desahogar pendientes que bien pudieron sacarlos desde hace meses.
Digamos que por elemental respeto institucional al gobierno de Pablo Lemus, deberían de dejar algo en las arcas públicas para que este pueda cerrar el año con decoro, en el sentido de contar con el presupuesto para darle forma a algunas de sus promesas de campaña, pero se llevará una gran sorpresa al constatar que no solo le han dejado sin recursos públicos, sino que han comprometido mucho de ellos para el siguiente lustro.
Pero esto no es todo, sino que violando toda la normatividad vigente relativa a las licitaciones públicas, se dan el lujo de prepararlas al gusto de la empresa afín a ellos, para que ganen, no obstante que su propuesta económica y técnica es muy inferior a otras empresas que, en muchas ocasiones, son descalificadas porque así se le pegó la gana al Comité Técnico Revisor.
Bien haría el gobernador electo en nombrar a funcionarios probos y con capacidad profesional y suficiente experiencia en las carteras más relevantes de su gabinete, que sean leales a su proyecto político y que trabajen en aras del bienestar de la población, y no recibir el traspaso de compromisos que le pretende imponer Alfaro en aras de mantener sus fuentes de financiamiento.
Los tapatíos, no obstante que votaron por la continuidad, desean un relevo, tanto generacional, como en capacidades y probidad, ya que de nada sirve mantener en sus posiciones a funcionarios ineptos y corruptos en un nuevo gobierno que, sin duda, se contaminaría con estas manzanas podridas.
La herencia maldita que deja Enrique Alfaro en Jalisco, a decir de sus propios coterráneos, en temas que no pudo resolver como la inseguridad pública y la corrupción, complica de suyo el arranque de la administración de Lemus, de la que se esperan grandes resultados, en función de las promesas que hizo en campaña.
Debe el nuevo jefe del Ejecutivo estatal deshacerse del cascajo que le dejan para nombrar a personajes que gozan de gran prestigio en Jalisco.
(CONTINUARÁ)
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