Movilidad del bienestar, el gran dilema​

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Forbes México.
Movilidad del bienestar, el gran dilema

Por Santiago F. Arroyo Seguedo*

Es octubre y tenemos presidenta.

Claudia Sheinbaum Pardo tiene un objetivo claro, reintegrar a México al camino de la Transición Energética y, para ello, ha echado mano de su experiencia en la investigación científica en materia de sustentabilidad, así como de la integración de Luz Elena González, como titular de la Secretaría de Energía, quien le aporta su experiencia económica y financiera a este importante rubro; señalando que la electromovilidad, será uno de los pilares fundamentales de su administración.

Sin embargo, a pesar de que es un objetivo loable el que se ha impuesto desde la titularidad del Poder Ejecutivo, lograr un “vehículo del pueblo” y “electromovilizar” al país es un reto enorme, especialmente cuando los datos del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en su último análisis del índice de movilidad señala que únicamente un 29% de la población mexicana en entornos urbanos tiene la posibilidad de un automóvil, lo que representa un 36% de la población general en el país. 

Ahora bien, un vehículo eléctrico necesita invariablemente de dos insumos importantes: electricidad y baterías. Recursos que, evidentemente tienen también sus retos inherentes, específicamente, el del rubro de la electricidad no solamente requiere una generación del energético sustentable, sino que también es necesaria una sólida red de distribución y transmisión para entregarlo en los hogares e industrias mexicanas sin sobresaltos (apagones), cosa que actualmente no existe en México y que, a pesar de que la Política Energética de la administración Sheinbaum lo contempla, los resultados positivos y tangibles para el “mexicano de a pie”, se avizoran en el mediano o largo plazo. Y, las posibles alternativas para vencer este obstáculo están francamente acotadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con la burocrática paquidérmica y restrictiva normatividad para la Generación Distribuida (paneles solares domésticos y comerciales).

Cosa no menor sucede con el almacenamiento de energía, factor principal del alto coste de los vehículos eléctricos para el público en general, en virtud de que las tecnologías existentes aún son poco asequibles y, las que pudieran considerarse así, son altamente destructivas con el medio ambiente, lo cual, representa un enorme riesgo ambiental que contradice el ánimo sustentable de la “eletromovilización mexicana”. Esto, con independencia a que, si bien es cierto, existe un incipiente andamiaje legal para asegurar la industria del almacenamiento eléctrico con “LitioMex”, resulta también un proyecto de muy largo plazo que, no se verá tangible para la población actual que requiere soluciones.

Así pues, la electromovilidad es un excelente discurso y política pública, pero debe ser como inicialmente disponen las propuestas de campaña de la presidenta Sheinbaum: “Progresivas y ordenadas”; es decir, la Transición Energética ocupa también de una gradualidad, misma que este país tiene una enorme área de oportunidad que se puede aprovechar en ese tenor y ésta la brinda la industria que pretende sustituir esta estrategia.

La industria de “Gas y Petróleo”, específicamente la de las Estaciones de Servicio (Gasolineras), la del Gas Licuado de Petróleo y del Gas Natural, proveen alternativas asequibles y con un enorme potencial para hacer la movilidad automotriz más cercana para la población y, mejor aún, representan también soluciones para la integración de transporte público menos contaminante.

La primera línea de ataque de estas alternativas es la oferta de conversiones vehiculares a Gas LP y Gas Natural, existiendo productos y empresas que brindan calidad y garantía en estos equipos de conversión, probados ampliamente en latitudes europeas y sudamericanas. La segunda línea de ataque es de la mano con la industria gasolinera, retomando la olvidada estrategia de las “Gasolineras Multimodales” que combinan el surtido de gasolinas con GasLP o Gas Natural y que, actualmente la normatividad tiene bien cimentada, pero no existen incentivos para alentar el desarrollo de esta infraestructura. Y, como una tercer línea de ataque, se pueden considerar los poderosos aliados que existen en las Agencias de Energía y de Movilidad locales, mismas que pueden abrir caminos y acercar al Gobierno Federal a las personas.

Así pues, la actual administración tiene un reto enorme, pero con diferentes aristas que abren a un abanico de oportunidades para lograr el éxito, en esta potencial política pública que podríamos denominar inicialmente como “Movilidad del Bienestar”, para hacerla al alcance de todas las personas y, con un enfoque transversal e integral a vehículos, transporte público y movilidad “alternativa” (electro bicis).

Contacto:

* Santiago F. Arroyo Seguedo es director de Desarrollo de Negocios para México y Latinoamérica en EGSA y, especialista en regulación y mercados energéticos.

X (antes Twitter): @SarroyoSi

Mail: sarroyo@egsa.com.mx

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