La modificación a leyes secundarias para implementar la reforma judicial fue el pretexto que la mayoría parlamentaria de Morena, PT y PVEM utilizó para incrementar las atribuciones de la presidencia del Instituto Nacional Electoral, no para fortalecer la organización de la elección de personas juzgadoras, sino para garantizar que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, mantenga el control de la estructura ejecutiva que, hasta ahora, logró por la vía de encargadurías en la mayoría de direcciones ejecutivas y unidades técnicas.
En la víspera del 34 aniversario del IFE-INE que se instaló el 11 de octubre de 1990, la Cámara de las y los Senadores añadió al texto de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum una disposición adicional a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que, seguramente, será avalada por la Cámara de las Diputaciones, por la cual se establece que la presidencia del INE podrá designar a las y los titulares de las áreas centrales sin necesidad de consensuar los nombramientos con las demás consejerías.
Se trata de una modificación que rompe el mecanismo colegiado que por 34 años se mantuvo en la legislación electoral, por el cual la presidencia de la institución presentaba propuestas que tenían que ser avaladas por mayoría calificada de consejeras y consejeros electorales, dando estabilidad y legitimidad a los nombramientos, cuyos titulares no se los debían a ningún funcionario en lo particular, generaban fortaleza en favor de la institución y un desempeño técnico y profesional en favor de la organización electoral y del cumplimiento de todas las atribuciones de la autoridad electoral.
En contrasentido, la nueva facultad de la presidencia amplía el poder que actualmente ejerce, anula la colegialidad que prevalecía hasta hace un año y medio y, posiblemente, permitirá modificar los criterios de selección para que, en vez de conseguir perfiles sólidos especializados, baste la cercanía o pertenencia al grupo de la presidencia para lograr el nombramiento. La deliberación y las posibilidades de supervisión en las comisiones integradas por las consejerías se verán disminuidas y, cuando alguna resolución o acuerdo propuesto por las áreas ejecutivas y por la presidencia sea rechazado o modificado en el pleno, quedará el eficiente mecanismo de la impugnación, donde la mayoría de las magistraturas de la Sala Superior han blindado a la consejera presidenta, incluso con aquel acuerdo aprobado por la mayoría de consejerías que establecía reglas y temporalidad a la figura de las designaciones provisionales, que fue revocado por el Tribunal, el cual señaló que la presidenta podía nombrar las encargadurías de despacho sin un límite temporal.
El hecho ejemplifica algo evidente: la coalición gobernante, al tener mayorías calificadas, se atreve a hacer lo que quiere, sin frenos ni contrapesos, sin escrúpulos ni el menor apego a la ética pública; modifica con impunidad las leyes y exige que el INE no acate decisiones judiciales que ordenan suspender provisionalmente la organización de las elecciones del Poder Judicial. Tierra de nadie que nos aproxima a una crisis constitucional, donde los políticos de la mayoría adelantan que ellos decidirán si un acto es o no legal, sustituyendo a las y los juzgadores.
La reforma morenista está destruyendo al Poder Judicial y anulando al Estado de derecho; su implementación permitirá sustituir a los y las juzgadoras que lo integran para colocar personas que defenderán intereses de la nueva mayoría autocrática y, de paso, obtendrán el control absoluto de instituciones que han sido fundamentales para el desarrollo democrático de las últimas décadas.
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