En el nuevo gobierno persiste el avasallar; la presidenta Sheinbaum actúa con comedimiento y formas amables. El mandato de la elección lo facilita, también el complejo de superioridad moral heredado del pasado inmediato. Las buenas maneras valen mucho, no se desdeñan, pero tampoco es para magnificar; la civilidad obliga; que se haya perdido durante seis años no vuelve virtud lo que debiera ser normal.
Difícil alcanzar los objetivos en la comunicación de la presidenta Sheinbaum. Al excluir la polarización verbal es probable que sus posturas no tengan la intensidad para impactar a los adherentes del proyecto. El auditorio se acostumbró a la estridencia y al exceso. La continuidad ofrece fortaleza popular y la mandataria ha podido ratificar símbolos, lealtad y proyectos. Sin embargo, decisiones y formas para gobernar diferentes a las del pasado son inevitables, como fue el caso de visitar a los afectados por la naturaleza violenta en Acapulco; también hay radicalización en algunas posturas, como la de frenar el activismo del embajador norteamericano o reiterar la exigencia de disculpa a la corona española.
La mañanera es diferente. Más información, menos opinión y casi nada de arenga polarizante. Aun así, se regatea la realidad. Por ejemplo, en la presentación de la estrategia de seguridad, el secretario García Harfuch presenta el gráfico de incidencia de homicidios por cada 100 mil habitantes, Colima es la entidad a la cabeza, seguida de Morelos, Baja California y Zacatecas, todos gobernados por Morena. La presidenta pide cambiar el gráfico de homicidios sin referencia a población, así se confirma lo dicho en campaña: Guanajuato, gobernado por el PAN es primero en la lista. La presidenta afirma que así ocurre porque allí hay más consumo de drogas y que los ingresos son más bajos. Debe ser cierto, pero no hay forma de corroborarlo, no se ha presentado la encuesta sobre adicciones y los bajos ingresos las cifras del INEGI no lo acreditan.
La presidenta enfrenta muchos problemas; de antemano ha resuelto que la diferencia con su antecesor no será uno de esos. Corresponde a una convicción, a un sentimiento de lealtad y también a un cálculo. La cuestión es si todos en Morena lo entienden así y si están dispuestos a mantener la cohesión que se requiere. Por ejemplo, se hicieron modificaciones a la iniciativa de reforma de Justicia para determinar el veto de la mayoría legislativa o de la presidenta a los nombres seleccionados por el comité técnico. Sheinbaum tuvo que enmendar la página a los senadores y revertir el cambio ya en curso, esto significa que algunos deciden oficiosamente o sin aprobación presidencial en temas cruciales para el país.
Uno de los problemas más serios es la reforma judicial. La presidenta se ha mostrado molesta por la decisión de la mayoría de los ministros para conocer de las impugnaciones por la vía del amparo, la controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad. Su enojo es notorio cuando rechaza un posible encuentro con la presidenta de la Corte o cuando aclara que la reunión de ella con el presidente del Senado y el coordinador de la mayoría no representa cambio alguno en la decisión de avanzar a rajatabla en la reforma judicial. Con desprecio remite a su par a la ventanilla de Gobernación, como también lo hace con la oposición. Ahora queda claro que gobernar para todos presenta exclusiones notorias lo que deviene en una reedición de lo que ya existía.
En la reforma judicial seguramente prevalecerá la postura del gobierno y de la mayoría, salvo faltas en el proceso legislativo y que la Corte llame a reponerlo, asunto que no tendría mayor dificultad, pero sí despertaría el enojo presidencial. Sin embargo, los problemas de la reforma son otros: su impacto en la certeza de derechos y que la elección de juzgadores no sea subvertida por el interés particular, de partido o criminal. La elección anticipa ser muy compleja en todas sus etapas, desde la selección de candidatos, el diseño de la boleta, las campañas y la jornada electoral.
Los problemas y desafíos para la nueva presidenta están en muchos frentes. Acometerlos con éxito requiere de participación de muchos actores fuera del ámbito gubernamental y político. Como ocurrió con la reforma judicial que merecía un proceso más detenido y escuchar a los interesados e involucrados, se resolvió precipitar su aprobación. Algo semejante ocurre con los programas de gobierno que se han presentado, más allá de sus virtudes muestran que no hubo consulta y ni participación que pudieran enriquecerlos y mejorarlos.
La presidenta, con razones válidas, está de prisa. El país requiere respuestas y claridad en muchos temas. Pero los buenos programas y acciones suponen un buen diagnóstico e inclusión. Decidir de manera ejecutiva puede resultar rápido y hasta eficaz, pero no necesariamente mejor.
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