Susana Pérez Quislant, diputada del PP de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado en la Mesa de la Asamblea “tomar medidas para que no continúen” los comentarios que hacen diputados de la oposición sobre la situación de Ana Millán, número tres del partido y vicepresidenta de la institución, que está siendo investigada por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa. Así consta en el acta de una reunión del órgano que rige el día a día del Parlamento regional, consultada por EL PAÍS, y que sirve de avanzadilla sobre las probables advertencias que recibirán previsiblemente a partir de ahora los representantes de la izquierda madrileña, pues el PP goza de mayoría absoluta en la Cámara. El caso que afecta a la vicepresidenta busca esclarecer si hay relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló, y que el empresario pagara la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Millán mientras era la edil al frente de esa cartera.
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