La bochornosa manera de quitar de sus puestos a 350 magistrados de circuito y a 361 jueces de distrito, a través de una rifa que tuvo como anunciador al presidente del Senado, refleja la saña con que se destruyen las instituciones en México.
Se complementa el jolgorio de la destrucción con las elecciones generales anunciadas para el próximo año, en que se elegirán a las personas que ocuparán esas plazas (850 en total, sumadas las que ya estaban vacantes).
Una rifa sacó de sus puestos a centenares de jueces y magistrados de circuito, la mayoría de ellos con amplia experiencia profesional, que pasaron exámenes y estudiaron para llevar una carrera judicial.
Al diablo con los estudios para escalar en la vida. Es más redituable acercarse a Morena.
Fuera, dijo la bolita blanca que cantaba Gerardo Fernández Noroña.
En su lugar elegiremos a personajes desconocidos, que harán campaña para granjearse el apoyo popular y serán propuestos por el Poder Legislativo (Morena), el Ejecutivo (Morena) y lo que quede del Poder Judicial de aquí al próximo año.
Lo que presenciamos es la destrucción del único poder autónomo que podía corregir los excesos del grupo gobernante, para convertirlo en un apéndice del Ejecutivo.
Aun sin tener el control absoluto del Poder Judicial, el gobierno (Ejecutivo y Legislativo) actúa como si éste no existiera: viola amparos de una manera ostentosa, lo que anula esa figura que podía usar el ciudadano para defenderse de los abusos del poder.
El régimen totalitario que construye Morena va a galope tendido, pues en la presente semana estarán listos para discutirse nuevos dictámenes en el Congreso, entre ellos el que desaparece el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, creado durante el primer gobierno de la alternancia.
Durante la administración pasada más de 80 por ciento de los contratos otorgados por el gobierno fue asignado por el obscuro procedimiento de la adjudicación directa, y las obras multimillonarias, donde se gastó a destajo y en exceso, fueron selladas al conocimiento público por 10 o 15 años.
La desaparición del Inai, que hasta ahora cuenta con autonomía, es un duro golpe al derecho a la información. Los ciudadanos que pagan impuestos no podrán conocer de manera transparente en qué se gastan sus contribuciones.
Viene también la reforma electoral, para entregar al gobierno formalmente la organización y arbitraje de las elecciones.
Con ese régimen totalitario, que marcha a paso de ganso, el gobierno (Morena) nos acusará, nos juzgará, sentenciará, organizará las elecciones y contará los votos.
Esta destrucción institucional del régimen democrático viene acompañada por la destrucción de la paz, la seguridad y el orden.
Chilpancingo, capital de Guerrero, es disputada por seis grupos criminales que trafican con drogas y armas.
Los nombres y líderes de esos grupos, ligados a los grandes cárteles de las drogas y de la alta delincuencia en el país, han sido publicados (el reportero David Vela, la semana pasada en El Financiero) y sus alianzas y alcances también (Raymundo Riva Palacio, también en estas páginas).
El grupo llamado Los Ardillos habría matado y decapitado al presidente municipal de Chilpancingo hace unos días, y aún no están detenidos los autores de este grave crimen político.
Nada. Ni un capo de los grupos criminales que asesinaron y además le cortaron la cabeza al alcalde Alejandro Arcos ha sido detenido.
¿Cómo es que mafiosillos de pueblo pueden más que el Estado mexicano?
Es la realidad. No conviene su aprehensión, o no hay capacidad para detenerlos.
López Obrador dejó un país encendido por la política de no hacer nada contra los grupos criminales. Ya empoderados en un territorio, no hay manera de recuperar pacíficamente esos jirones de soberanía perdida.
¿Quién manda en la frontera de Chiapas, en la capital de Tabasco, en Sinaloa?
AMLO dejó la Presidencia con 200 mil asesinatos, 51 mil desaparecidos, tráfico récord de drogas a Estados Unidos, que matan a 110 mil estadounidenses cada año, 60 por ciento de ellos por fentanilo.
La destrucción va a continuar con el deterioro de la relación con Estados Unidos, país al que tres millones de mexicanos intentaron cruzar ilegalmente en el sexenio pasado. Los que sí pudieron pasar, a riesgo de sus vidas, son los que mantienen la economía de regiones pobres de México con las transferencias de dólares.
El grupo que gobierna México siempre se opuso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la falacia de que Carlos Salinas le estaba regalando la soberanía nacional a los gringos. Siempre lo han querido demoler, por un absurdo y decimonónico antiyanquismo.
Tienen razones más de fondo: habernos aliado comercialmente con Estados Unidos y Canadá trae implícito el respeto a valores comunes como democracia y Estado de derecho. Eso es lo que está en proceso de demolición. El tratado estorba al proyecto totalitario en curso.
La destrucción parcial o total del tratado será un bocado para el candidato republicano, Donald Trump, e incluso si llegara a ganar Kamala Harris, las exportaciones mexicanas, motor de la economía nacional, se verán afectadas.
Ya nos explicarán los economistas de este diario el impacto que podría alcanzar para México un enfriamiento de la relación con nuestros tres principales socios comerciales.
Lo que es seguro es que la economía nacional no saldrá indemne del totalitarismo de Morena, con ausencia de Estado de derecho, democracia de mentira y empoderamiento de todo tipo de cárteles criminales que matan aquí y en Estados Unidos.
También veremos, en un mes, el impacto de la política populista –mal llamada “social”– en el presupuesto del próximo año.
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