En 1992 enseñaban en la Universidad de Texas en Austin que las llamadas reformas estructurales, basadas en las 10 recetas originales del llamado Consenso de Washington, no suponían que los estados las implementaran como si se tratara de asuntos o políticas ordinarias. Muy por el contrario.
La magnitud de ese paquete de cambios profundos, que afectaban la relación del Estado con el mercado en favor de este último, en síntesis, mediante estrategias privatizadoras exigía políticas estratégicas bien coordinadas y efectivas que el propio Estado tenía que concretar. A eso se le denominó: estrategia de ajuste o cambio estructural.
Según se sabe, en el caso de México el proceso privatizador se debilitó desde 1998, luego de que el presidente Ernesto Zedillo logró privatizar los ferrocarriles; luego balbuceó en la década siguiente pues los dos gobiernos presidenciales panistas enfrentaron la oposición táctica del PRI y de sus opositores de izquierda, en particular el PRD, y tuvo que esperar hasta que en 2012 este partido –sin su ala radical lopezobradorista– decidió sumarse al PRI y al PAN al firmar el Pacto por México, que intentaba asegurar las condiciones para volver a impulsar la privatización
Desde luego, el Pacto le costó al PRI perder de manera gradual las gubernaturas y congresos locales que aun controlaba, el PAN creció y el PRD alcanzó incluso una segunda gubernatura, además de la Ciudad de México.
Empero, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 y la subsecuente guerra de Irak, el regreso de China o la recomposición de Rusia, así como la crisis financiera de Wall Street en 2008, fueron hechos que a la vez pusieron en crisis la estrategia neoliberal y favorecieron la recomposición y viabilidad de gobiernos de izquierda en América Latina.
Además, mientras los juegos políticos democratizadores tenían lugar y los estados perdían poder, los sectores de la economía ilícita cambiaron su plan de negocios y lo tornaron global y mucho mas lucrativo.
Una mezcla explosiva hecha con ingredientes de reconcentración de riqueza, desigualdad y pobreza redundó en más corrupción, inseguridad, violencia e impunidad.
En México, las reformas del Pacto por México de 2012 en adelante llegaron a contrapelo de las condiciones internacionales que estaban cambiando en sentido contrario al neoliberalismo y terminaron por agudizar las referidas plagas.
Fue en ese contexto en el que la figura de López Obrador y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) crecieron en espiral y comenzó a reconfigurarse el sistema de partidos conocido como el PRIAN-PRD, mismos que pagaron el precio de haber implementado y también de haber recibido los beneficios de la estrategia neoliberal.
Con los resultados electorales de 2018, consolidados en 2024 en favor de Morena y sus aliados, el sistema de partidos se ha reestructurado en dirección bipartidaria y bipolar, en tanto que los acuerdos políticos de la transición democrática quedaron sin sustento en la correlación de fuerzas que lo sostenían, por lo que el cambio no sólo de régimen sino de naturaleza del Estado era y sigue siendo cuestión de circunstancias específicas para que se materialice
La nueva coalición política que dirige a México no acuerda sino hacia su interior. Hacia afuera, acaso lo hace con actores mas o menos sincrónicos, sin dejar de respetar o conceder algunos espacios mínimos al PAN, al PRI o a Mobimiento Ciudadano. Al fin, después de muchos años, la presidencia de la República puede gobernar en un sistema que se dice presidencial y en el que las alternancias, el pluralismo y la debilidad del Estado lo hicieron inútil y muy costoso
Por ello es que allí donde se registran resistencias, ya sea los órganos autónomos o el poder judicial, el nuevo poder dominante opera su vinculación al proceso de la Cuarta Transformación en busca de mayor unidad, mejor coordinación, legitimidad popular y autoridad-poder del Estado ante el gravísimo riesgo que significa, en breve, la captura no solo de partes del Estado sino de la mismísima nación a manos de poderes salvajes.
Por supuesto, esto tampoco es “business-as-usual”.
La transformación de la naturaleza del Estado constitucional de democrático y social en versión neoliberal a popular-liberal, social, comunal e intercultural –pongámoslo así– incluye políticas tan fuertes y rediseños constitucionales tan arriesgados como la elección de la judicatura y otras más ya consumadas, en curso o por venir.
Lo mismo que hace 30 años desde Austin, desde la periferia y el contexto de nuestro país ahora constato otra lección recogida en el plural y progresista Instituto de Estudios para América Latina de UT-Austin, en donde no todos estábamos convencidos de que sólo el mercado o solo el Estado son los mejores mecanismos de asignación de valores y recursos para la sociedad
Mas allá de ese enunciado, hay algo que hace más de un siglo y medio advirtió el jurista y político oaxaqueño, José María Castillo Velasco, y es sabiduría antigua: mientras la política y el Derecho no resuelvan el problema de la propiedad, la desigualdad y la pobreza, no habrá forma de Estado o de gobierno que dure mucho tiempo.
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