La administración pública funciona sobre la base de principios que garantizan que su actuación sea confiable, pertinente, honesta y eficaz. A propósito, destaca el principio de la corresponsabilidad, según el cual tanto los gobiernos como la sociedad tienen incidencia y tareas asignadas para atender los asuntos comunes en lo que constituye el ámbito de lo público, es decir, la responsabilidad es compartida.
Dichas tareas responden a diferentes niveles definidos en las normas jurídicas, y destaca el rol que la población desarrolla al contribuir económicamente a la estructura del gasto de la administración pública (por ejemplo, a través del pago de impuestos, productos, aprovechamientos). Esa misma condición, además del reconocimiento constitucional, le otorga la condición de mandante en las decisiones públicas. El tema es reducir la desigualdad social
Dada esta relación horizontal, en el caso de las prácticas de gobiernos que alientan la participación popular y la conformación de redes de gobernanza, y de relacionamiento vertical, en tanto la sociedad ejerce como mandante del gobierno y los gobernantes como mandatarios, los gobiernos deben considerar los intereses y demandas en la conformación de su estructura de políticas públicas.
El hecho de que los presupuestos distribuyan recursos económicos en función de su disponibilidad, suficiencia y el combate contra la desigualdad y la pobreza, figura como uno de los principales argumentos de la necesidad de contar con instituciones y programas públicos con enfoque a resultados. Varios países han vinculado el enfoque a resultados con el proceso de presupuestación para lograr, idealmente, una cadena de incentivos que permita ofrecer mayores recursos a aquellos programas de alto desempeño y colocar más procesos de revisión dinámica a aquellos con registros menores. Esto permite cumplir con otro principio para la administración pública: el de la eficiencia.
Por otra parte, el interés en los problemas de la sociedad es otro principio fundamental de la administración pública. Así se argumenta en el libro “Principios de Administración Pública”, de Omar Guerrero, citando a Charles-Jean Bonnin, sobre todo para distinguirla respecto de la administración en el sector privado. De ahí que, la administración pública, en tanto administración de la sociedad, utilice herramientas como el enfoque a resultados para atender problemas, proponer soluciones, definir objetivos y alcanzar metas.
La aplicación de estos instrumentos es relevante, por ejemplo, en el caso de los programas y políticas públicas para la atención de grupos de población vulnerable, como los clasifica -CONEVAL: niños, niñas y adolescentes (NNA); adultos mayores; y personas jóvenes. En lo que corresponde a esta población el reto es mayúsculo, tanto en México como en el mundo. Es pertinente destacarlo dado que el 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña.
Los NNA son un grupo poblacional importante, dado que es en la niñez en la que se forman muchas de las destrezas, conocimientos, desarrollo ético y cognitivo de las personas. Sin embargo, su atención ha enfrentado dificultades históricas, más si se agrega la variable del género.
Como lo muestran los datos, los NNA —con énfasis en las niñas— tienen escenarios más adversos para su desarrollo. Por tanto, es indispensable que los programas públicos para su atención tengan el mejor desempeño posible. En ello, el enfoque a resultados, la función de rendición de cuentas, auditoría, fiscalización y evaluación de políticas públicas fungen como catalizadores para la mejor obtención de las metas y objetivos que se definen en las políticas públicas.
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