Por alguna desconocida razón, el 11 de septiembre se ha convertido en una fecha ominosa, pero recordable. Recordable no en el sentido de memorable. No, sino más bien de signo negativo. Una fecha fatídica. Porque un 11 de septiembre se consumó el cuartelazo de Pinochet al gobierno de Salvador Allende en Chile, y también un 11 de septiembre fue el brutal atentado que hizo colapsar las Torres Gemelas de NY, respectivamente de los años 1973 y 2001.
Y ahora el 11 de septiembre de este año, en sesión tortuosa y de tintes gansteriles, el Senado, como Cámara revisora, aprobó una serie de modificaciones a la Constitución que se dio en llamar la reforma del Poder Judicial. Luego, como si disputaran algún premio, en vergonzosa competencia por ser los primeros, en menos de 24 horas más de diecisiete Congresos locales habían aprobado la reforma de marras.
Quedó así cubierto el proceso legislativo, muy a tiempo para que el Tlatoani tuviera su regalo de despedida, de acuerdo al ofrecimiento hecho por el torvo dirigente de Morena. Todo “justo a tiempo”, como si se tratara de la maquila de algún producto industrial, para que la promulgación y publicación del correspondiente decreto en el Diario Oficial se pudiera llevar a cabo, como en efecto ocurrió, en la simbólica fecha del 15 de septiembre.
El mismo 11 de septiembre, es decir, cuatro días antes de que se publicara en el Diario Oficial la llamada reforma judicial, quince magistrados de circuito y cuatro jueces de distrito presentaron ante la Suprema Corte un escrito, en el que solicitan a ésta dirima el conflicto que suscita dicha reforma, entonces aún en proceso, entre las Cámaras del Congreso —que ya para entonces la habían aprobado— y el Ejecutivo mismo, autor de la iniciativa, con el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte, en razón de que tal reforma afecta la autonomía de estos órganos y la independencia de sus miembros, y por ende el principio de la División de Poderes.
Dos días después, el 13 de septiembre, la ministra Norma Piña, presidente de la Suprema Corte, dictó un acuerdo con dos propósitos: uno, para calificar de urgente la tramitación del asunto planteado en su escrito por los magistrados y jueces; y dos, para declarar la necesidad de hacer una consulta al Pleno de la Corte “sobre el trámite a seguir en relación con la petición de los promoventes”. Para este último efecto, es decir, para formular el correspondiente proyecto de resolución respecto de la consulta, le fue turnado el expediente al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
¿A qué obedece esta cautela para conocer de un asunto, ciertamente importante, por parte de la Suprema Corte, al punto de que al mismo tiempo que se considera urgente su tramitación también, con suma prudencia, se hace formal consulta al Pleno de la propia Corte sobre la forma de atender la petición de los promoventes?
En resumen, se debe a que en el fondo, lo que se plantea, si bien no lo dicen de manera expresa y categórica los magistrados y jueces peticionarios, se trata de que se declare la invalidez de una modificación al texto de la Constitución aprobada por ese órgano complejo que la mayoría de los tratadistas llaman el “Constituyente Permanente” (compuesto por ambas Cámaras del Congreso de la Unión más la mayoría de las legislaturas estatales, en el caso de las primeras con la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores presentes), anulación o cancelación para la que no hay disposición expresa en la propia Carta Magna.
Sin embargo, lo anterior no significa que el camino esté totalmente cerrado a modificar, matizar y aun invalidar reformas a la Constitución. Siempre que se proceda a hacer un planteamiento correcto de la cuestión, se argumente con solidez jurídica, sin sofismas y de manera convincente.
Pues bien, 23 días después, el ministro González Alcántara Carrancá presentó su proyecto de resolución al Pleno de la Corte. El jueves 3 de octubre, durante 2 horas y 40 minutos, los once ministros discutieron el tema. Éste resultó más explorado de lo que se suponía, es decir, no se trata en sentido estricto de algo novedoso o inédito. Por ocho votos contra tres, los ministros acordaron abordar el fondo de este asunto, para lo cual un ministro elaborará el proyecto respectivo. Interesante será dar cuenta, con objetividad, de lo expuesto por los ministros en esa sesión del pasado jueves 3, en espera de la definitiva, pero por ahora el espacio ya no alcanza.
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