(CNN Español) — Ha pasado un mes desde que los hechos violentos derivados de la captura de Ismael «el Mayo» Zambada dejaran a Sinaloa sumida en el caos.
En Culiacán, capital del estado, se han vivido una serie de enfrentamientos y bloqueos durante las últimas semanas, desatando una ola de inseguridad que aún no cesa.
El conflicto, debido a la pugna entre dos facciones del crimen organizado, ha dejado más de 190 muertos, según cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, así como un aumento de negocios cerrados y empleos perdidos, afectando gravemente tanto a la población como a la economía según empresarios y activistas.
«La gente vive con miedo, las escuelas están sin alumnos, los jóvenes son desaparecidos, las calles quedan solas por las noches”, aseguró Miguel Calderón, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, durante una conferencia de prensa este miércoles. “Tenemos en puerta una emergencia social”, destacó.
Desde la Ciudad de México, representantes del estado expusieron las demandas que han realizado al Gobierno Federal. Entre sus peticiones están la necesidad de priorizar acciones de desarme contra la delincuencia organizada e implementar una efectiva reparación del daño a las víctimas de delitos en este periodo.
«Entre el 9 de septiembre y el 6 de octubre, se ha asegurado el 63% del armamento que se confiscó en 2023, solo en Sinaloa», dijo Calderón, quien también señaló que esta cifra subraya la magnitud del problema de violencia que se vive en el estado.
Además, según Calderón, es necesaria una depuración y reorganización de la Policía Municipal de Culiacán para restablecer la confianza en las instituciones de seguridad que, según dijo se ha perdido, y así hacer frente a la situación actual.
Un miembro del Ejército mexicano hace guardia en el estado de Sinaloa, México, el 12 de septiembre de 2024. Crédito: IVAN MEDINA/AFP vía Getty Images
CNN ha solicitado comentarios a la Policía Municipal de Culiacán para conocer su postura sobre estos dichos. Aún no se ha obtenido respuesta.
«Lejos de avizorar una cercana conclusión a este conflicto, conforme pasan los días se observa que la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos, las actividades productivas, la economía y la salud socioemocional se descomponen cada vez más, poco a poco, día a día”, explicó.
Más de 1.800 empleos perdidos
El conflicto no solamente ha dejado pérdidas humanas, el sector económico ha sido de los más afectados.
Durante la conferencia de prensa, los representantes empresariales emitieron un recuento de los daños económicos.
Laura Guzmán, vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes (Canirac) en Culiácan, aseguró que entre los más afectados por la crisis están los comerciantes informales, seguidos por los trabajadores de restaurantes y hoteles.
Según la Canirac, citando datos del Seguro Social, se han perdido 1.883 empleos, de los cuales “pudieran ser comercio 275, construcción 561, transportes y comunicaciones 40 y servicios para empresas 1.007″, detalló Guzmán.
Las cifras compartidas por Guzmán muestran que 100 negocios han cerrado definitivamente, otros 180 cerraron temporalmente, y 1.500 negocios recortaron sus horarios.
Entre los pedidos, los voceros solicitaron una declaratoria de emergencia económica para activar un programa exprés de créditos blandos para pymes, sin requisitos de buró de crédito. Esta medida busca brindar apoyo inmediato a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis actual.
Una camioneta llena de impactos de bala es fotografiada en la escena del crimen después de un tiroteo en Culiacán, estado de Sinaloa, México, el 9 de septiembre de 2024. Crédito: IVAN MEDINA/AFP vía Getty Images
Propusieron también la suspensión del pago de impuestos como el ISR y el de nómina, con un plazo de seis meses para las empresas afectadas. Además, descuentos y prórrogas en el pago de energía eléctrica y agua potable.
Hasta este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum no había emitido comentarios con relación a estas peticiones realizadas por los representantes del estado de Sinaloa.
En septiembre, el Gobierno del Estado de Sinaloa dijo haber implementado un plan emergente para apoyar la recuperación económica de Culiacán, que incluye descuentos fiscales, un programa de microcréditos de hasta US$ 25.000, y US$ 100 millones para créditos mayores, además de exoneraciones de cobros en mercados y estacionamientos.
«Nunca habíamos tenido una ciudad sin restaurantes, sin hoteles, sin teatros, sin parques. La vida termina a las siete de la noche (…) Nosotros no podemos salir al cine ni ir a tomar un café después de las siete de la noche y esto habla de un peligro y de una situación que no habíamos encontrado», dijo Guzmán.
La urgencia de un enfoque social ante la violencia
«Hasta el día de ayer, en homicidios se tenían registrados 192 entre el día 9 de septiembre y el día 8 de octubre. Y se hablaba de 224 desapariciones forzadas», según Óscar Loza Ochoa, activista en defensa de los derechos humanos.
«Y más de 200 familias desplazadas (…) La cifra negra que la hay, pues obviamente de esa no se tiene registro», explicó en la conferencia.
El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya no ha hecho referencia al número de familias desplazadas, sin embargo, ha dicho que las comunidades que tienen “problemas de desplazados” han recibido apoyos.
El nuevo plan de seguridad anunciado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum incluye desplegar más tropas del Ejército y la Guardia Nacional en las áreas más afectadas de Sinaloa. Una medida que los representantes estatales vieron con buenos ojos, pero consideraron insuficiente para tratar la situación.
«El día de ayer el maestro Harfuch planteó ver el origen social del problema, y nos parece muy importante que así se plantee», dijo Loza y agregó que «si se plantea el fortalecimiento sobre todo el trabajo de carácter policial y militar para controlar el problema, pues no lo estamos rechazando, pero no puede ser solo ese tipo de medida».
Sheinbaum dijo el miércoles que las autoridades de Sinaloa se reunieron con la ciudadanía en Culiacán, donde reforzarán la presencia de la Guardia Nacional, además, se fortalecerán las acciones de inteligencia e investigación.
Loza dice que han insistido por décadas en un plan que resalte la importancia de entender el origen social de la violencia y la necesidad de alternativas para los jóvenes involucrados. Además, reiteró su disposición para colaborar con las autoridades federales para abordar el problema.
El activista destacó la necesidad de atención especial para Sinaloa, señalando que el narcotráfico es un problema arraigado en la región.
«Tiene que haber alguna salida, una alternativa para esa juventud que hoy está muriendo como parte de las víctimas o como parte del problema que hay en el estado», dijo Loza.
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