No todo está perdido con la reforma judicial.
La lucha de las mujeres en México por acceder a una justicia libre de violencia ha sido un largo y tortuoso camino, marcado por la impunidad, el machismo institucional y la corrupción en el sistema judicial. Sin embargo, en este momento histórico, el país tiene la oportunidad de cambiar el rumbo. Las reformas a la legislación secundaria, impulsadas por el diputado José Narro Céspedes (Morena) y las diputadas María Teresa Ealy Díaz y Alejandra Chedraui Peralta, buscan garantizar que la elección de ministros, jueces y magistrados en 2025 se realice con una clara perspectiva de género, colocando a las víctimas en el centro de la discusión.
En rueda de prensa reciente, Narro Céspedes, acompañado de representantes de asociaciones civiles y Vianey Vargas, una valiente víctima de violencia vicaria que acaba de recuperar a su hijo tras meses de lucha, destacó que el objetivo de estas reformas es asegurar que las mujeres accedan a la justicia libres de violencia. “Lo importante es poder construir una propuesta de reforma del Poder Judicial Federal para que se defiendan los derechos de las mujeres”, afirmó Narro. Y es que, aunque ha habido avances en leyes que abordan la violencia física, psicológica, económica y sexual, sigue existiendo una violencia profundamente arraigada en las prácticas judiciales del país.
Casos como el de Vianey Vargas, que fue separada de su hijo durante ocho meses por su agresor, no son excepcionales. De hecho, este tipo de violencia vicaria, en la que los hijos se convierten en instrumentos de abuso contra las madres, es una de las muchas manifestaciones de la violencia institucionalizada que el sistema judicial mexicano perpetúa. En palabras de Vargas: “Un agresor no es buen padre, y no porque sea su papá le deben dar el poder de quitarnos a nuestros hijos”. Su relato es un ejemplo más de cómo los juzgadores, sin una perspectiva de género, pueden causar un daño irreversible en las vidas de las mujeres y sus familias.
La reforma judicial feminista plantea tres grandes puntos fundamentales. El primero es la obligatoriedad de la “3 de 3″ para quienes aspiren a ser jueces: no puede haber jueces que sean deudores alimentarios, agresores vicarios o estén sentenciados por delitos de violencia sexual o familiar. Este es un requisito indispensable para garantizar que los juzgadores, quienes tienen en sus manos el poder de impartir justicia, no sean ellos mismos quienes perpetúen la violencia en sus vidas privadas y, por ende, en su toma de decisiones judiciales.
El segundo pilar de la reforma propone sanciones severas para abogados corruptos que, aprovechándose de su posición, corrompen a operadores de justicia o traicionan a sus clientas. La creación de un padrón público de abogados sancionados ofrecería a las víctimas una herramienta para saber con quién están tratando y evitar caer en manos de quienes solo ven en ellas una oportunidad para lucrar, en lugar de brindarles justicia.
Finalmente, la tercera propuesta es la creación de un consejo ciudadano integrado por organizaciones no gubernamentales, colectivos feministas, colegios de abogados y universidades, que apoye al tribunal disciplinario para identificar y sancionar la violencia institucional dentro del sistema judicial. Este consejo ofrecería criterios orientativos que permitirían no solo castigar, sino también prevenir la corrupción y la violencia que a menudo se ejerce desde los estrados.
Como bien mencionó la diputada Alejandra Chedraui, esta lucha no debe ser una cuestión de partidos ni de colores. “Esto es un proyecto para que todas y todos los diputados se sumen a esta causa para todas las mujeres”, señaló. Y es que, en un país donde la justicia sigue siendo un privilegio de aquellos que pueden pagarla, esta reforma feminista propone construir una justicia verdaderamente accesible para las mujeres, las niñas y los sectores más vulnerables.
El hecho es que. Sin perspectiva victimal, esta reforma no hará gran diferencia para los usuarios de la justicia. A lo mucho, perpetuará las injusticias que hoy se viven. No puede haber reforma judicial sin perspectiva de género ni sin poner a las víctimas en el centro. Las activistas de la Coordinadora de Alianzas COALA así como Gabriela Pablos Saucedo, de la Unión de Madres Protectoras, y Karla Daniela, de Deconstrucción Violeta, han acompañado la idea de que el machismo judicial es un suicidio cotidiano para las mujeres en México. Es la madre que pierde a sus hijos injustamente, es la mujer violentada que nunca encuentra justicia, es el feminicida que queda libre, es la violencia que se normaliza desde los estrados y los despachos.
Por eso, como han dejado claro las activistas, las víctimas y los legisladores que apoyan esta reforma: NO SIN NOSOTRAS. La reforma judicial feminista será interseccional, popular y colectiva o no será. Porque no puede haber justicia en México sin las mujeres. Y el primer paso es asegurar que quienes impartan justicia no perpetúen la violencia, sino que se comprometan a erradicarla de una vez por todas.
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