El primer año de un gobierno o al menos el primer semestre, su valoración debiera correr a cuenta de la gestión anterior. Esto no solo tiene que ver con la economía, sino con todos los temas de gobierno, incluyendo la relación con el exterior. A presidentes protagónicos, como Salinas o López Obrador, cuando están por dejar el poder les resulta difícil el futuro inmediato, haciéndolos perder mesura y llevándolos a actuar con poco comedimiento hacia el sucesor. A Salinas le preocupó en exceso el levantamiento zapatista y en detrimento de Luis Donaldo Colosio empoderó a Manuel Camacho. La campaña contra la campaña llevó a creer a propios y extraños que el candidato sería reemplazado. Los entornos no matan, pero si crean las condiciones para la tragedia.
Igual ocurrió después del magnicidio de Colosio, la renuncia de Jorge Carpizo y la ejecución de Francisco Ruiz Massieu con el señalamiento del subprocurador, su hermano Mario, al hacer responsable a la jerarquía del PRI. Las finanzas estaban colgadas de alfileres, pero hubo resistencia para devaluar lo que era recomendable, dejó al sucesor una situación muy difícil que concluyó en la crisis financiera más severa del país y una crisis mayor en la procuración de justicia.
Ni por mucho López Obrador ha dejado las cosas tan críticas a su sucesora. Pero sí hay asuntos muy difíciles y complicados que reducen el margen de maniobra de la presidenta Sheinbaum, además del ambiente de polarización heredado y de crisis política y constitucional resultado de la imprudencia de plantear y precipitar una reforma judicial contraria a la certeza jurídica, la imparcialidad y la lógica democrática de división de poderes y constitucionalidad de los actos de autoridad y del Congreso.
En materia política no es lo mejor resolver la crisis constitucional por la vía de la imposición; sería seguramente exitosa en el sentido de que haría prevalecer la postura oficial, pero el problema no es vencer, sino ganar y el diseño de la reforma significa que se pierde más de lo que se obtiene. La pretensión de mejorar la calidad de la justicia no tiene que ver con la elección popular de juzgadores o la creación de una instancia superior de supervisión sobre el desempeño judicial porque va en contra de la autonomía e independencia del juez, indispensables para una justicia confiable e imparcial.
La reforma judicial va y es el gran problema para la presidenta Sheinbaum. Lo es porque instrumentarla es una tarea titánica, costosa, muy riesgosa e imposible de llevar a buen destino. Cambiar las leyes para que las instituciones electorales construidas para la competencia entre partidos lo hagan para elegir juzgadores es un problema mayor para todas las etapas del proceso de selección. Para avanzar en este terreno inédito el INE requerirá mucho apoyo, dinero y tolerancia de parte del gobierno y de la misma sociedad. La simple conformación de las boletas será de locura, como también complicada la selección de candidatos por parte de los tres poderes. El proceso se torna inmanejable, más los estados participan de manera concurrente con la elección de sus jueces.
La presidenta Sheinbaum dice que no interferirá con el proceso. Justamente se requiere lo contrario. Su actuación debe ser garantía para que los candidatos seleccionados sean idóneos, para evitar que se sometan a las facciones políticas o a los grupos delincuenciales. El INE no podrá hacer el trabajo si no cuenta con los recursos suficientes, si no amplía sustancialmente su plantilla de colaboradores, si no hay quien lo defienda de las presiones de unos y otros. Se perfila una pesadilla para todos, especialmente, para la presidenta Sheinbaum.
En seguridad y en economía la situación es igualmente crítica. Se tiene la expectativa, respectivamente, de cambios inmediatos y de que el país reemprenda el crecimiento para sostener una estructura de gasto que en este año generó un insostenible déficit fiscal y un incremento mayor en la deuda pública. La presentación de la estrategia de seguridad para los primeros 100 días se hace en el marco de un país con partes de su territorio en explícito deterioro y otras regiones donde ya no hay estado y se vive una Pax Narca. La situación es insostenible y requiere de cerrar filas entre autoridades, y entre éstas y la sociedad civil.
En materia económica el gobierno enfrenta una situación sumamente crítica por el déficit financiero, el que las autoridades se han propuesto reducir de 6 a 3 puntos, lo que significa una reducción significativa del gasto público. No hay dinero para el primer año y sin crecimiento todavía menos.
Al igual que en 1994, treinta años después, el país ve repetir la historia en el primer año de gobierno. La herencia del pasado inmediato es manzana envenenada.
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