Esta semana un caso presentado por Texas y otros estados más contra DACA llegó a los tribunales nuevamente, lo cual pondrá en juego el destino de cientos de miles de migrantes irregulares que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y han estado protegidos de la acción de deportación mediante el amparo de este programa, el cual también les permite trabajar.
Se trata de más de 800 mil personas que han recibido protección a través del DACA-Deferred Action for Childhood Arrivals, cuya legislación ha estado en riesgo de ser cancelado en diversas ocasiones, y más frecuentemente durante la administración de Donald Trump cuando decidió cancelarlo en 2017; sin embargo, jueces detuvieron el fin de este programa con consecuente deportación de los derechohabientes de DACA.
Ahora, la nueva demanda que encabeza Texas sostiene que este mecanismo fue creado de manera ilegal, y argumenta también que la creación del programa representó una extralimitación de la autoridad presidencial e impuso costos indebidos a los estados.
Se prevé que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos escuche los argumentos del caso el jueves en Nueva Orleans.
Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva del grupo de defensa United We Dream Action, dijo que alrededor de 300 beneficiarios y partidarios de DACA estarán en Nueva Orleans listos para la audiencia.
“Exigiremos que los jueces del quinto Circuito en todos los niveles, desde el local hasta el federal, apoyen a la mayoría de los estadounidenses que creen que las familias deben estar juntas y apoyan abrumadoramente a DACA”, señaló Martínez Rosas.
El Departamento de Justicia junto a otras partes como el estado de Nueva Jersey, el fondo Mexicoestadounidense para la Defensa Legal y la Educación, así como los gigantes tecnológicos de Apple, Google y Microsoft defienden DACA, y argumentan que los beneficiarios de este mismo, también contribuyen a la economía del país.
Los jueces que conozcan y estudien el fondo de la impugnación del programa DACA examinarán tres cuestiones: si los estados demandantes han demostrado que el programa realmente les cuesta dinero; si el gobierno de Joe Biden actuó dentro de su autoridad en 2022 cuando intentó “preservar y fortificar” el DACA con una norma formal; y si el tribunal de primera instancia, que bloqueó a los nuevos solicitantes del programa en todo el país, debería haber limitado su resolución a los siete estados que lo demandaron.
