En su columna de esta semana en El País intitulada “¿Por qué se deterioró tan rápida y abruptamente el clima de negocios en México?”, Gerardo Esquivel argumenta que a lo largo de 2023 y hasta principios de 2024 las perspectivas económicas de México eran muy alentadoras. Afirma que se visualizaba de manera general que el país podría ser uno de los principales beneficiarios de la relocalización de actividades o del “nearshoring”, pero que esas perspectivas súbitamente se deterioraron y de manera muy rápida.
Coincido con él en que la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso (obtenida de manera que no refleja la votación popular), que le da la oportunidad de modificar la Constitución y las leyes en México sin tener que negociar nada con la oposición, fue un factor clave en ese deterioro rápido y abrupto que hemos visto en los últimos meses.
Sin embargo, me parece que, para tener una visión de más largo plazo, es necesario reconocer el bajísimo desempeño de la economía a lo largo del sexenio de López Obrador: el PIB per cápita habrá sido esencialmente el mismo en 2018 y en 2024. Este desempeño tan pobre se debe, efectivamente, al deterioro del clima de negocios, cierto, pero que inició desde 2019 y que viene a culminar en 2024 y el tiempo que se le sume. De hecho, los pronósticos para 2025 se han venido reduciendo por los expertos en los últimos meses y la Encuesta de Banamex lo sitúa actualmente en apenas 1.2%, o casi cero en términos per cápita.
El deterioro en el clima de negocios actual es un agravamiento del ya deteriorado clima de negocios que prevaleció en los años pasados. No es nuevo, simplemente ha empeorado de manera extrema. El deterioro inició con la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, y le siguieron otras medidas como las modificaciones a la legislación en materia energética que dio lugar a cientos de amparos, la renegociación forzada de los contratos de la CFE para la construcción de varios ductos, los ataques a los contrapesos constitucionales que acotan la discrecionalidad del poder político, la política energética que privilegió a CFE y eliminó las subastas de Pemex, y un largo etcétera. Por eso la inversión ha sido tan baja en los últimos años.
Efectivamente, y ahí coincido con la idea general de Gerardo Esquivel, lo acontecido a partir de las elecciones y desde antes, cuando López Obrador anunció su paquete de iniciativas de reformas constitucionales denominado el Plan C el 5 de febrero, cuando desdeñó simbólicamente la celebración del aniversario de la Constitución en Querétaro al ausentarse, fue un duro golpe a la efímera recuperación económica que parecía ocurrir en 2023. Digamos que le dio el golpe de gracia. Por eso, me parece, de continuar la implementación de esas iniciativas de reformas constitucionales utilizando la sobrerrepresentación legislativa, estará destinando la economía a un letargo de años.
Todo esto sin tomar en cuenta la estrechez de las finanzas públicas, la renovada política energética que privilegiará a Pemex y CFE a costa del erario y la eficiencia, los costos y garantías que exigirá la iniciativa privada para volver a invertir en energías renovables con el marco jurídico resultante del Plan C, la penetración del crimen organizado que está desbordando la inseguridad, y la implementación de la reforma al Poder Judicial, que en los hechos desaparecerá la independencia de ese poder, entre otros.
No se ve una mejora del clima de negocios en el corto y mediano plazo. Sí, efectivamente, el “nearshoring” parece ser una oportunidad perdida.
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