Escucho una y otra vez la demanda de las empresas privadas: para invertir necesitamos que nos garanticen un suficiente abasto eléctrico, con calidad adecuada y cada vez más de fuentes renovables.
A las empresas no les importa si el proveedor es la Comisión Federal de Electricidad o alguna empresa privada.
La mayor parte de los usuarios no tiene inclinaciones ideológicas. Lo que requieren es el servicio.
La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), así como el área de estudios económicos de BBVA, realizaron una encuesta entre los inquilinos de los parques para conocer con más detalle la problemática de las empresas en esta materia.
Lo primero que hay que decir es que el tema eléctrico apareció como la principal limitante para la inversión, con un 55 por ciento de respuestas, muy por arriba de la inseguridad (fuera del parque industrial), que apareció en segundo lugar con 26 por ciento de respuestas.
Y al detallar la problemática eléctrica, el factor que aparece como el más importante es la falta de inversión en transmisión y distribución con una nota de 9.1 en una escala de 10, en donde mientras más alta es la calificación, mayor es el problema.
El segundo lugar en cuanto a problemática aparece la falta de permisos para generación o cogeneración, con 7.3.
El tercer lugar corresponde a la complejidad de los trámites para generación o cogeneración con 6.9 puntos.
¿En qué medida la reforma constitucional que ayer se dio a conocer puede contribuir a resolver esa problemática?
Va a depender del impacto que tenga en la asignación de recursos por parte de CFE.
En la medida que la transmisión, desde la reforma del 2013, se mantuvo como actividad reservada a la CFE, la que volverá a ser empresa pública deberá contar con los recursos necesarios para invertir en transmisión y salvar los cuellos de botella que hoy existen.
En el ámbito de la generación, siguiendo con la regla del 54-46 (54 por ciento del mercado para el sector público y 46 por ciento para el sector privado) que se estableció, lo que debiera hacerse es garantizar que la inversión privada pueda crecer en la medida que crece la demanda.
Creo que sería mucho mejor que no hubiera una norma restrictiva.
Pero una cosa es lo que a mí me guste y otra diferente es lo que sea posible.
Partiendo del hecho de que así va a ser, lo necesario es garantizar que el porcentaje de generación del sector privado no vaya a bajar a 30 o 35 por ciento, porque eso significaría que la CFE no va a contar con los recursos necesarios para asignarlos a la transmisión, y así los cuellos de botella seguirían prevaleciendo, lo que implicaría que perdiéramos importantes inversiones.
Le pongo el ejemplo de Iberdrola. Tras la venta de sus plantas al gobierno, la empresa española quedó con varios miles de millones de dólares que podría invertir en la generación de energía renovable si se establecen reglas claras y justas en México para la participación privada, como plantea la presentación de la iniciativa de reforma constitucional presentada ayer.
Finalmente, en este primer análisis, resulta interesante que no se hable de la desaparición de los órganos reguladores y se dé un rango constitucional a la transición energética.
Hay que señalar que, a diferencia de otros, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) no tienen autonomía constitucional sino técnica.
Si mejoran su funcionamiento, sobre todo la CRE, podrían contribuir a resolver parte de la problemática que enlistamos previamente.
Lo que no podía ocurrir es que las cosas sigan como hasta ahora.
De acuerdo con las cifras del INEGI, la industria eléctrica, gas y agua potable (así se agrupa en el índice de actividad industrial) tuvo en el mes de julio un nivel 27 por ciento inferior al del mismo mes de 2018.
Si se mide en términos de generación bruta, el crecimiento entre 2018 y 2023 fue de 7.4 por ciento, de acuerdo con el Sistema de Información Energética de la Sener, porcentaje insuficiente si es que en los siguientes años se concreta la llegada de un volumen mayor de inversiones.
Tras la aprobación de las reformas, hay un plazo de seis meses para cambiar las leyes secundarias; veremos qué es lo que se establece en ellas, pues el diablo está en los detalles.
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