Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
Hace una semana, en este mismo espacio, escribí sobre los aspectos que favorecieron los éxitos económicos que se atribuyen a la administración del expresidente López Obrador. Destacan sobre todo los logros en materia de salarios, tanto para el sector formal de la economía como para la masa salarial en su conjunto. Del mismo modo, advertí sobre los riesgos que supone la caída observada en la productividad laboral de la economía, medida con base en las horas trabajadas por la población ocupada.
El país requiere ajustes a la estrategia que favorezcan un entorno de crecimiento económico partiendo de las bases estructurales que le brindan la estabilidad necesaria para conseguirlo de forma sostenible. En particular se necesita hacer frente a tres retos: la necesidad de reducir el déficit fiscal, la desaceleración por el cambio de administración federal y la gestión sobre la incertidumbre asociada a las reformas constitucionales y legales que se están aprobando en el Congreso.
Persisten las dudas sobre las alternativas que existen para poder impulsar el crecimiento en un entorno caracterizado por esos tres retos. Las herramientas por el lado de las finanzas públicas están limitadas por la necesidad de reducir el déficit frente a la enorme presión del gasto de naturaleza no programable, como las pensiones, el costo financiero de la deuda y las participaciones que se envían a los estados. De tal forma que resulta indispensable pensar en alternativas.
Entre las opciones al alcance de nuestro país, sin obviar la complejidad de su implementación, está el incremento en la participación laboral de las mujeres y la reducción de las brechas salariales entre hombres y mujeres, ya que el diseño de políticas públicas enfocadas a fomentar una mayor participación y una menor brecha tienen impacto directo sobre el crecimiento. En “Igualdad de género y crecimiento económico: avances pasados y potencial futuro”, un documento de trabajo en temas sociales, de empleo y migración que recientemente publicó la OCDE, se estimó el impacto que tendría cerrar la brecha salarial por género sobre el crecimiento de sus países miembros
“Los países que tienen brechas de género sustanciales en la participación en la fuerza laboral o en las horas de trabajo podrían ver el mayor impulso al crecimiento económico anual”, menciona el documento. Además, estima que, si México cierra sus brechas de participación y de horas trabajadas entre hombres y mujeres, podría añadir 0.52 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento anual del PIB potencial en términos per cápita, con un efecto acumulado de 22 por ciento hacia 2060. El efecto en crecimiento es notorio, pero los retos para conseguirlo permanecen como un desafío enorme.
A partir de un análisis somero de los datos de participación laboral es posible advertir que la configuración del mercado de trabajo en México está atravesada por diferentes aspectos. Hay características a nivel sectorial, regional y de formalidad que demandan políticas diversas para promover una mayor participación de las mujeres. Sobre esto, además, habría que añadir los incentivos que se pueden brindar vía el ingreso, pero también a través de la disponibilidad de tiempo a las mujeres con políticas públicas complementarias.
En entidades del norte del país, la industria manufacturera es la que más personas emplea, destacando Chihuahua y Coahuila, donde casi un tercio de la población ocupada pertenece a este sector. En contraste, en el sur hay más personas contratadas en el sector agropecuario, ya que, en estados como Guerrero, Chiapas u Oaxaca, éste emplea alrededor de un tercio de la población. No obstante, cuando controlamos las cifras por sexo, las condiciones cambian.
Solo en 6 estados la industria manufacturera es el sector que más mujeres emplea, con tasas entre 23 por ciento y 32 por ceinto del total. En dos estados más el sector que más mujeres contrata es el de servicios de alojamiento y restaurantes, mientras que el comercio es el principal empleador en el resto del país. Para los hombres, en 12 entidades domina el empleo en el sector manufacturero, pero en otras entidades domina el sector agropecuario (13 estados).
El punto clave está en que los niveles de formalidad más altos se hallan en el sector manufacturero. Además, en promedio, más mujeres son contratadas en condiciones de informalidad, independientemente del sector en el que laboren. Finalmente, la formalidad está asociada con mayores niveles de productividad laboral, que a fin de cuentas es el principal motor de crecimiento sostenible. Sí, se trata de incrementar la participación de las mujeres, pero el diseño de esta política debe ir de la mano de un diagnóstico puntual de estas realidades para que promueva un mayor crecimiento del país a largo plazo.
