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Reforma energética manda mensaje de incertidumbre jurídica: IMCO
De cara a la aprobación de la reforma constitucional en materia energética, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que el gobierno federal debe mandar un mensaje de compromiso con el Estado de derecho y la certidumbre jurídica.
Indicó que en caso de aprobarse, el Poder Legislativo deberá ser especialmente cuidadoso de que la redacción plasmada en la legislación secundaria mitigue en la medida de lo posible riesgos para que el objetivo de fortalecer a las empresas públicas no vaya en detrimento de las posibilidades del país para generar, atraer y retener inversiones y talento.
En el estudio “México necesita certidumbre para la inversión en el sector energético”, el IMCO señaló que las inversiones en el sistema eléctrico están lejos de las necesidades del país dado el crecimiento de la demanda.
Agregó que en un contexto de finanzas públicas presionadas, el sector energético debe aprovechar todas las posibilidades de financiamiento público y privado, por lo que las empresas estatales deben estar en condiciones de generar valor económico para brindar un mejor servicio público.
Indicó que eliminar el mandato de Pemex y la CFE de crear valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario para transitar hacia el carácter de empresa pública sin fines de lucro permite que la empresa opere con pérdidas y cause un daño a la hacienda pública.
Riesgos de la reforma energética
La organización explicó que el debate en el Congreso deberá considerar todos los riesgos potenciales que conllevan los cambios constitucionales propuestos, como el hecho de que la reforma enviaría un mensaje de incertidumbre jurídica que no sólo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el país no tiene un compromiso creíble con el Estado de derecho.
Añadió que al desincentivar la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, se eliminan los incentivos a la eficiencia que reducen los costos eléctricos y este riesgo se agudiza en un entorno de relativa poca inversión en generación eléctrica, ya que mientras que entre 2013 y 2018 se autorizaron 54,500 millones de dólares en inversiones en generación, entre 2019 y 2024 únicamente se autorizaron 13,400 millones.
Advierte riesgos de favorecer a la CFE por criterios políticos
El IMCO también advirtió que favorecer a la CFE por criterios políticos tendría un impacto negativo en la transición energética, al reducir y desincentivar las posibilidades de inversión privada en energías renovables.
A lo que se suma que limitar los mecanismos de inversión privada existentes en la transmisión y distribución eléctrica (asociaciones público-privadas o instrumentos financieros como los CKD, Cerpi o Fibra E) obligaría a la CFE a incurrir en la totalidad del gasto de capital necesario para expandir y modernizar la infraestructura de redes, lo que cobra especial relevancia si se considera la subinversión que ha padecido en particular la Red Nacional de Transmisión, por lo menos, la última década.
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Reforma energética manda mensaje de incertidumbre jurídica: IMCO
Silvia Rodríguez
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