Los Diputados de la Ciudad de México acaban de votar una reforma que PROHIBE a los propietarios de viviendas, dar en arrendamiento sus propiedades por más del 50% del año, mediante el uso de plataformas y aplicaciones en línea como Airbnb, argumentando que estas prácticas han contribuido al incremento en el precio de las viviendas y a la GENTRIFICACIÓN, por absurdo que esto parezca.
Pero ¿Qué es la Gentrificación? Ésta se define como un proceso de renovación habitacional de zonas urbanas, generalmente populares y deterioradas, donde sus habitantes son desplazados por población con mayor poder adquisitivo, que compran esas propiedades para construir viviendas nuevas de alta gama, algo de lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, en las colonias de San Pedro Garza García, que colindan con áreas residenciales de nivel económico alto, transformando áreas residenciales modestas, en zonas habitacionales de lujo.
Si las familias desplazadas son dueñas de la propiedad en donde habitan, seguramente van a recibir un pago por su propiedad que ya va a tener una plusvalía, por el hecho de colindar con una zona habitacional de clase alta, y eso les va a permitir mudarse a otra propiedad incluso mejor de la que actualmente habitan, por lo que argumentar que la gentrificación afecta de manera negativa a la población desplazada, carece de sustento.
Por otro lado, si la población que se va a desplazar se encuentra rentando la vivienda, es difícil argumentar que el dueño ha estado incrementando la renta, porque el valor de su propiedad ha estado aumentando, ya que en la práctica, lo usual es aumentar las rentas con la inflación general o la específica de los arrendamientos, y no con el precio de la propiedad.
Por otro lado, el incremento en el precio de las viviendas, en general, obedece principalmente al aumento en los costos de construcción, y eso a su vez, se traduce en mayores rentas, y no al revés, y menos se deben a este proceso de gentrificación, que solo se presenta en reducidas y aisladas zonas habitacionales, y no en la totalidad del parque habitacional en CDMX.
Por donde se le quiera ver, los argumentos de los diputados de la CDMX son absurdos e inoperantes para sustentar esta prohibición a los derechos legítimos de los propietarios de inmuebles en CDMX, y les prohíben generar de manera legítima ingresos por una actividad para el turismo, de renta por días, que además conlleva derramas económicas adicionales a las ciudades.
Qué pasaría, si ya entrados en gasto, los brillantes legisladores deciden aprobar reformas que impidan el aumento de las rentas de los inmuebles en CDMX argumentando que eso ayudaría a reducir la inflación y que beneficiará a todos los inquilinos de clase media y baja que no tienen recursos para adquirir una propiedad inmobiliaria?
Bueno, pues ante estos posibles actos de autoridad, cobra relevancia el asalto que el actual gobierno federal está dando a la Suprema Corte y a todo el poder judicial, para eliminar de facto el único poder independiente que nos queda, y concentrar los tres poderes en uno solo, dejando al pueblo a merced de los caprichos y decisiones que tome la 4T.
Y si alguien alcanza a solicitar un amparo, antes que eliminen a la Corte y que los jueces obedezcan solo sus instrucciones, ¿se valdrá afirmar que ocho ministros no pueden estar por encima de una reforma a las Leyes y a la Constitución de CDMX?
Si serán pollinos, PRECISAMENTE esa es la actual función de la Corte y del Poder Judicial, la de velar por una imparcial impartición de Justicia, cuidando también que los otros poderes obedezcan y respeten las disposiciones legales que deben cubrir al reformar las Leyes y la propia Constitución, aspecto que nada tiene que ver con la “voluntad del pueblo” como dolosamente lo quieren hacer ver, y por supuesto, quienes están dando un golpe de estado, son precisamente ellos, violando flagrantemente las disposiciones legales, sin respetar los fallos de jueces y de la propia Corte, pasándoselos por el arco del triunfo, aprobando una reforma que estaba legalmente suspendida, y publicándola también contraviniendo otra orden judicial expresa.
Y siguen delinquiendo al seguir adelante con esta farsa “para evitar que la Corte siga interfiriendo” en un abierto delito continuado, ¿Así, o más delincuentes?
No se equivoquen, los traidores a la patria son ustedes, y son delincuentes confesos que deben pagar las consecuencias de sus delitos cometidos.
35 millones de votos, en un padrón que supera los 100 millones de electores, ni es mayoría, ni representa la voluntad del “pueblo”.
Es lamentable que toda la población tenga que pagar un alto precio para que “el pueblo bueno y no tan sabio” realmente despierte, y se dé cuenta que estos políticos oportunistas son mucho más corruptos que los que echaron fuera, y que el irresponsable manejo económico que han hecho, llevará a una crisis económica y financiera que empobrecerá aún más a la población, proceso que ya va iniciando, y como muestra, ya hubo una pérdida de 627 mil empleos tan solo en el mes de agosto, reduciendo de 1.9 a 1.3 millones el saldo neto de nuevos empleos EN TODO EL SEXENIO, que junto con la reducción en el PIB por habitante, es prueba inequívoca de la mala política económica del sexenio que acaba de terminar y que seguramente continuará.
