Profundizando en las propuestas de reforma presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, una apuesta interesante para el beneficio directo a las víctimas consiste en la facultad concurrente para brindar medidas de protección por parte de las autoridades.
En el marco del anuncio de la cartilla de derechos de las mujeres y varias prioridades que concentra la voluntad política presidencial, esta iniciativa es potencialmente la de mayor y mejor impacto a las víctimas, ya que a partir de este cambio, las autoridades federales como la Fiscalía General de la República podrá intervenir en asuntos de gravedad o alta complejidad para respaldar a las autoridades locales, que son quienes actualmente guardan la exclusiva competencia cuando se trata de los delitos del fuero común que son los que afectan con mayor incidencia a las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La gran diferencia radicará en que las Fiscalías locales perderán el poder de ignorar a las víctimas o ser ineficientes ante aquellos casos que les interesen, como en el caso de la Fiscalía de Morelos, en la que Uriel Carmona dolosamente intentó obstaculizar la justicia en el asunto del feminicidio de Ariadna Fernanda López, joven de 27 años que fue vista con vida por última vez en la Ciudad de México y su cuerpo fue hallado en una carretera de Morelos.
Las nuevas medidas de protección prometen respaldar a las Fiscalías locales y hacerles el trabajo cuando se nieguen a hacerlo. Frente a la capacidad de investigación y despliegue del nivel federal, esa propuesta ambiciosa podría ser una puerta para que la impunidad vaya a la baja, puesto que en los estados uno de los obstáculos referidos a menudo ante las investigaciones de los delitos es la falta de recursos y/o personal así como las limitadas capacidades para hacerse de elementos de prueba, lo que a menudo provoca que sean las familias de las víctimas quienes realicen búsquedas e investigaciones de forma particular, con recursos propios y arriesgando, inclusive, la vida misma.
En este sentido, la Fiscalía de la Ciudad de México llegará fortalecida. Entre sus filas, destaca el trabajo de Jasmín Vera Aguilar, Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, quien ha logrado instrumentar las herramientas de esta institución para la protección de las víctimas del delito de manera excepcional.
A pesar de que en el país existen cientos de ejemplos que nos hacen dudar sobre la capacidad institucional para enfrentar a los agentes provocadores de violencia, los esfuerzos para aspirar a la mejoría así como los actores que ya lo están logrando son un ejemplo que debe mencionarse para poder igualarse a ellos.
Hace poco, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años de prisión contra un exfuncionario de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por realizar actos sexuales ilícitos en perjuicio de una compañera de trabajo.
Según información de la Fiscalía General de la República (FGR), la FEVIMTRA inició la investigación en diciembre de 2018, condujo el proceso legal y logró demostrar la responsabilidad de Diego “G” en los hechos. Esa misma Fiscalía, notoriamente eficiente, podría obtener las herramientas para proteger y beneficiar a las víctimas que se van quedando en el camino tortuoso de las instancias locales. Punto para las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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