El ministro Luis María Aguilar Morales, cuando finalizaba en noviembre de 2018 su periodo como presidente de la SCJN, presentó un conjunto de ensayos del Centro de Estudios Constitucionales de tal institución, Art. 105. Veinte años no es nada: la Suprema Corte y la justicia constitucional antes y después de la reforma judicial de 1994.
La referencia al artículo 105 de la Constitución seguramente obedece al hecho de que se trata del apartado de la llamada carta magna en el que se detallan las funciones de la corte suprema. En la presentación de la obra Aguilar Morales dijo:
“Es de sobra conocido que uno de los objetivos primordiales de la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994 fue consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un órgano dedicado esencialmente a la resolución de asuntos de naturaleza constitucional. Han transcurrido más de dos décadas desde que, por virtud de esa reforma, se creó la figura de acción de inconstitucionalidad y se perfeccionó a la controversia constitucional”.
LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
El entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien llegó al poder el 1 de diciembre de 1994, fue el autor de la mencionada reforma judicial del último día de ese año. En un mes, el primero de su gobierno, Zedillo cambió a la SCJN. Lo hizo evidentemente a la carrera, sin ningún tipo de debate que involucrara a la opinión pública, y además fue un cambió a la Constitución procesado mientras él fracasaba en la que debía ser su principal responsabilidad en aquel momento: impedir que estallara un terrible crisis económica causada por el desastre financiero que heredó de Carlos Salinas de Gortari. Quizá por estar ocupado en jugar al constitucionalista trascendente fue que Ernesto Zedillo no cuidó lo que tenía que cuidar, y nuestra sociedad sufrió la peor catástrofe de la economía nacional que se recuerde.
Si Wikipedia no miente, ocho juristas han presidido la corte suprema desde la reforma de Zedillo:
1. José Vicente Aguinaco Alemán.2. Genaro Góngora Pimentel.3. Mariano Azuela Güitrón.4. Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.5. Juan N. Silva Meza.6. Luis María Aguilar Morales.7. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.8. Norma Lucía Piña Hernández.
¿Cumplieron los siete presidentes y la única presidenta de la SCJN con la tarea de hacer cumplir la Constitución? No en todos los casos. Al menos en un periodo, la corte suprema fue cómplice de un atentado contra la democracia que; la democracia, en efecto, que en nuestra ley fundamental resulta clarísimo es el sistema político que el pueblo de México prefiere. Volveré a esto.
Ahora voy a Héctor Aguilar Camín, excelente escritor, destacado historiador, director de la revista Nexos y columnista de lunes a viernes en Milenio.
Aguilar Camín ha dado a conocer este 8 de octubre un recuento estadístico de la “normalidad con la que durante tres sexenios hemos aceptado la cuenta de miles de asesinatos”. Sin discutir la veracidad de las cifras que él ha presentado, las reproduzco enseguida:
60 mil homicidios entre 2000 y 2006.120 mil entre 2006 y 2012.150 mil entre 2012 y 2018.200 mil entre 2018 y 2024.
Antes de difundir tales datos, Aguilar Camín citó a Stalin, con quien no se identifica —¿o sí?—: “Un homicidio es una tragedia. Un millón de muertos es una estadística”.
Según el escritor e historiador “hay algo” de estadística estalinista durante esos cuatro gobiernos “de violencia espiral”.
Claramente Aguilar Camín ha descrito algo que podríamos llamar, para simplificarlo y entenderlo mejor, efecto alud o efecto bola de nieve: pasar de un problema pequeño y controlable a dificultades más grandes y crecientes en el tiempo hasta que llega el momento en que no les podemos controlar.
Para el mejor diagnóstico de la situación debemos buscar al responsable de haber aventado la minúscula bola de nieve que provocó el deslizamiento que ha llevado a la avalancha de crímenes que desde hace cuatro sexenios nos aterroriza.
Vale la pena parafrasear a la Biblia, “en el principio regresó la antidemocracia, y la antidemocracia estaba con aquel PRI, aquel PAN y aquella SCJN de Zedillo, y aquel PRI, aquel PAN y aquella SCJN de Zedillo eran la antidemocracia”.
El primer presidente que surgió de un proceso electoral más o menos limpio fue el panista Vicente Fox. Sin duda —se trata de un mérito que no se le puede negar— la transición de décadas de gobiernos priistas a uno del PAN fue posible porque Ernesto Zedillo no metió las manos.
El problema vino después. No estaba en los planes del PRI y del PAN que creciera tanto la izquierda. De ninguna manera molestaba una administración izquierdista, si no débil, sin trascendencia nacional en la Ciudad de México como la de Cuauhtémoc Cárdenas. Sí preocupó a quienes mandaban que emergiera una figura capaz de romper con el bipartidismo PRI-PAN, la de Andrés Manuel López Obrador.
Para acabar con la amenaza de AMLO, el primer gobierno panista tuvo que buscar la complicidad de la SCJN, y la encontró. El tercer presidente del poder judicial surgido de las reformas de Zedillo, Mariano Azuela, apoyó una brutal injusticia: darle legalidad a una acción ruin, el desafuero, que buscaba nada más alejar de las boletas de votación a López Obrador.
Hubo desafuero. El PRI y el PAN en el poder legislativo terminaron lo que inició Vicente Fox con el apoyo de la corte suprema de su tiempo. Pero si la ley es la ley, la gente es la gente. Y la gente salió a las calles a protestar, y entonces al sistema PRI-PAN le dio miedo. El secretario de Gobernación, Santiago Creel, se apoyó en expertos en derecho —destacdamente Javier Quijano, Rafael Guerra y José Agustín Ortiz Pinchetti— y se encontró la fórmula para echar abajo el desafuero.
Andrés Manuel llegó a las elecciones de 2006, pero las famosas instituciones que hoy tanto defiende la derecha le impidieron la victoria. Se organizaron para un gran fraude electoral el gobierno de Fox, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral. De hecho, el robo de la presidencia para entregarla a quien no había ganado, Felipe Calderón, lo decretó en última instancia un tribunal del poder judicial, el electoral.
Instituciones todas que limpiaron su mierda con las páginas de la Constitución.
Vicente Fox, por gastar su tiempo y su atención en golpear a AMLO, descuidó la seguridad, que se agravó brutalmente cuando Felipe Calderón, para limpiar su imagen de delincuente electoral, decidió declarar una estúpida guerra contra el narcotráfico —lo peor: puso al frente de la misma a un colaborador de la mafia de Sinaloa, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por haber trabajado para ese cártel—.
La bola de nieve del desafuero apoyado por aquella SCJN creció de una manera espantosa en el sexenio de Calderón, se volvió incontrolable en el de Enrique Peña Nieto y ha seguido causando asesinatos por todas partes. Andrés Manuel López Obrador decidió refundar la podrida policía federal y creó la Guardia Nacional, que deberá empezar a dar resultados en el sexenio de Claudia Sheinbaum.
Hoy la presidenta presentará su plan de seguridad. Mujer ordenada que sabe fijar metas y diseñar procedimientos para alcanzarlas, seguramente dedicará el presupuesto que sea necesario para empezar a acabar con el terror que aquel fraude electoral creó. Tenemos la obligación de ser optimistas y, sobre todo, de no estorbar.
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