Al inicio de cada gobierno entrante, los ciudadanos, los inversionistas y los empresarios escuchan y ven con cuidado las declaraciones y las acciones de los funcionarios públicos que entran al gobierno, para identificar sus prioridades y su “estilo de gobernar”. En base a esto toman sus decisiones y actividades para el corto e incluso largo plazo.
Temas importantes que analizan es ver si se dará prioridad a la seguridad de los ciudadanos y de las empresas o a la inversión en infraestructura; si se enfatizará la recaudación, a la reducción del gasto público o se proseguirá con el creciente déficit público; si apoyará la educación básica pública o la superior privada o a otras miles de prioridades más. Cada una de estas tendrán un impacto en mi vida personal o en la actividad y subsistencia futura de mi empleo o de mi empresa. Por lo mismo, cada una de estas influyen en las millones de decisiones que se toman de manera diaria por toda la población.
Como ejemplo de lo anterior está el reciente cambio en la Constitución de la Ciudad de México, en donde se eliminó la frase de darle prioridad a la propiedad privada, lo cual generó un incremento importante en el número de propiedades que se pusieron a la venta en el área metropolitana y seguramente cancelan proyectos de vivienda en la zona.
Otra señal contraproducente fue la de conocer casi al mismo tiempo el asesinato del alcalde de una capital de estado y que al Ejército se le otorga la responsabilidad de construir el ferrocarril de la Ciudad de México a Pachuca, en lugar de que sea a la Secretaría de Comunicaciones o a empresas privadas.
El país enfrenta una gran cantidad de problemas y retos, los cuales no se pueden solucionar todos al mismo tiempo. El gobierno entrante debe decidir, y dar a conocer cuáles son sus prioridades, cómo piensa enfrentarlas, y qué método y estrategias seguirá para avanzar en cada uno de ellos.
Un tema que preocupa es conocer si el nuevo gobierno permitirá que el sistema de precios sirva de indicador de escasez y propicie la correcta toma de decisiones o si preferirá darle más importancia a procesos como controles de precios y de subsidios otorgados a los responsables de acciones particulares, para influir de manera más directa en el funcionamiento de la economía. Esto significa que es más importante la relación con los funcionarios públicos que la rentabilidad y beneficio social de las decisiones.
Es claro que si se corrigieran dos grandes problemas que tiene nuestra nación, se resolvería una gran cantidad de problemas adicionales, como son la mala distribución del ingreso, la baja recaudación fiscal, la escasez de empleos formales y otros más. Estos graves problemas son la inseguridad que azota al país y la falta de crecimiento económico, ambos relacionados entre sí, pero con orígenes diferentes. La economía está estancada con un crecimiento de 0.8 por ciento promedio anual en el sexenio pasado y como conclusión, el PIB per cápita se contrajo 1.0 por ciento en los pasados seis años. Esto representa un deterioro en la calidad de vida de la población, a pesar de los nuevos programas sociales, así como una caída en los ingresos públicos.
Una prioridad para la nueva administración debería ser lograr un mayor crecimiento de la economía. Para lograrlo se requieren varias condiciones siendo la más importante el incremento en la inversión productiva, tanto pública, pero sobre todo la privada. Esto requiere varias condiciones como son la seguridad jurídica, la baja inflación, finanzas públicas sanas para evitar las distorsiones de todo el sistema económico y otras más. Avances en esta dirección serían señales muy importantes para que nuestro país recupere la senda del crecimiento que tanto necesita. Sin embargo, hasta el momento no es claro que se tienen estas prioridades.
Descubre más desde Noticias al Momento
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
