Sí, es una barbaridad​

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Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha lanzado a buscar todo tipo de estrategias e instrumentos para intentar revertir la reforma constitucional en materia judicial. Aunque los alcances no han tenido ningún efecto, no deja de llamar la atención hasta donde puede ser capaz de llegar un poder que, dentro de muy pronto, tendrá cambios profundos. Mientras ese momento suceda, siguen buscando los mecanismos de resistencia ante los inminentes ajustes. Como sabemos, el poder judicial promoverá un recurso para revisar los ajustes constitucionales que, de hecho, se oficializaron en el Diario Oficial de la Federación con su publicación.

Siendo así, ninguna solicitud ni mucho menos un recurso puede ponerse en práctica para invalidar la declaratoria. Eso, además de que carece de algún sustento legal, es una inconstitucionalidad de los ministros de la Suprema Corte. Ellos, de hecho, tendrán que superar esta etapa, les guste o no. Entonces, aún y cuando los ministros hayan acordado revisar el asunto, eso no puede ser sometido a ningún control. Si fuese así, no tendría ningún sentido la división de poderes y, desde luego, el poder reformador en el legislativo. En concreto, las reacciones no se hicieron esperar; es decir, el lopezobradorismo, con argumentos sólidos, defenderá la autonomía del constituyente y su normativa.

Por lo pronto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, ha dicho que buscará los canales de comunicación y, de paso, alguna solución o salida. Al igual, dijo que la decisión que tomó la mayoría de ministros es una barbaridad, lo cual es perfectamente entendible. Fue, ni más ni menos, una postura clara de que el poder constituyente no se doblegará a los caprichos de Norma Piña, porque simple y sencillamente ambas cámaras legislativas se han manifestado a favor de reformar la constitución con la facultad que el pueblo de México les delegó el pasado 2 de junio. De hecho, en un sistema constitucional como el que vivimos, debe existir pleno respeto a la validez en la toma de decisiones en mayoría calificada.

No hay recursos legales para impugnar la reforma constitucional. El mismo Ricardo Monreal, doctor en derecho, y uno de los hombres más experimentados en materia legislativa, ha explicado una y otra vez que, una vez promulgada, no hay poder humano para echar abajo la supremacía constitucional. Por la misma razón, coincidimos en la concepción que realizó el zacatecano para calificar la forma en cómo quieren operar el tema los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sí, es una barbaridad lo que pretenden llevar a cabo. Y con una extralimitación como esta, vemos como el poder judicial ha perdido credibilidad, especialmente Norma Piña. Ella, de hecho, pretende generar una crisis al incumplir la ley de las instituciones autónomas, únicamente para justificar su desesperación de saber los ajustes inminentes que se avecinan.

Seguramente, como se han dado las cosas, Norma Piña intensificará las estrategias desestabilizadoras o golpistas. Lo que ocurrió en el Senado de la República, específicamente en el asalto a las instalaciones, son el síntoma de la frustración de los ministros de la Corte. Este tipo de situaciones, evidentemente, fueron calificadas como un intento de golpe de Estado, al menos una manifestación por el grado de comportamiento. La mala noticia para los grupos conservadores, en definitiva, es que son una resistencia endeble; es decir, una minoría que no representa un peligro para la gobernabilidad del territorio nacional. Nos percatamos rápidamente de ello, pues el pueblo de México, en su inmensa mayoría, defiende las determinaciones del poder ejecutivo y legislativo.

Siendo así, lo único que les queda a los ministros de la Suprema Corte de Justicia es apegarse a la legalidad y cumplir con la determinación que tomó el poder constituyente. Ellos, por así decirlo, deben entender que los tiempos han cambiado; es decir, el pueblo de México, mediante un proceso democrático, decidió libremente elegir a sus representantes. Nadie puede sustituir esa fuerza ni mucho menos la autonomía por la esencia constitucional que tiene. Eso significa que la reforma al poder judicial, de manera simple, está por encima de cualquier decisión. O sea, es un asunto que no debe atribuirse la Corte.

Recordemos que, con el voto de las mayorías, la fracción parlamentaria de Morena tiene la fuerza numérica para establecer mecanismos legislativos en cualquier determinación constitucional. El mismo Ricardo Monreal, coordinador y líder en San Lázaro, les recordó que tienen la mayoría calificada que el pueblo de México les ha dado. A propósito de ello, el mismo zacatecano comentó que ya se analizan las propuestas de leyes reglamentarias para regular la elección de jueces, magistrados y ministros. Es, dijo él, algo necesario en el poder judicial, sobre todo porque cuentan con el apoyo irrestricto de la ciudadanía.

Nada podrá detener la fuerza del pueblo de México. En concreto, el recurso que aceptó la Suprema Corte de Justicia para revisar la reforma al poder judicial es, por mucho, una barbaridad y, de paso, una extralimitación, a las que está acostumbrada Norma Piña. Aun así, nada puede revertir la supremacía constitucional, por lo que habrá reforma al poder judicial.

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