Como ha sido informado, 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte votaron el jueves por la tarde a favor de la revisión, por parte del tribunal, de la constitucionalidad de la reforma al poder judicial.
Y sí que se avecina una crisis. Recomiendo respetuosamente la lectura de mi propia columna intitulada “Hacia una crisis constitucional”, publicada en este espacio de SDPnoticias hace apenas unas semanas.
A juicio de especialistas en derecho, la Suprema Corte no estaría facultada para revisar una reforma constitucional. Por una parte, el tribunal no está por encima de la Carta Magna, sino sujeto a ella, y por el otro, no existe jurisprudencia en torno al asunto.
En adición, existiría –y se trata de un argumento que inclinaría el debate en favor del gobierno– un conflicto de interés pues los propios ministros son el objeto mismo de la citada reforma.
¿Por qué no existe jurisprudencia? Sencillo: porque las reformas constitucionales en el pasado derivaron de un consenso partidista, mismo que reflejaba las aportaciones y acuerdos de todos los legisladores.
La reciente reforma judicial, en contraste, no ha sido más que un vulgar atropellamiento por parte del partido oficial sobre las agrupaciones minoritarias en el Congreso, amén del desaseo que tuvo lugar en el Senado.
Sin embargo, la otra línea argumentativa, abrazada por los 8, sugiere que la Corte sí que contaría con las competencias para salvaguardar a la propia constitución ante una reforma constitucional que atentase contra sus propios principios.
Sin el ánimo de profundizar en un tema que pudiese lucir sobremanera árido y propio de la técnica jurídica, los 8 ministros parecen dirigidos a sentar el precedente.
A manera de simulación ¿Podría la Suprema Corte declarar la inconstitucionalidad de una reforma a la Carta Magna que estipulase que en México fuera legal la esclavitud? Se trataría, a todos luces, de una violación de los principios más fundacionales del texto. Bajo este orden de ideas, la Corte sí que sería competente para examinar la inconstitucionalidad de una reforma.
En todo caso, y a reserva de conocer la decisión futura de la Corte, se trata de un debate que difícilmente será zanjado con consensos. El Tribunal emitirá su resolución, y el Congreso y la presidenta Sheinbaum estarán obligados a acatar la decisión, o en su caso, lanzar al país hacia una severa crisis constitucional.
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